Por Eduardo García Jurado (*)
Hemos decido vivir en libertad, para lo cual aceptamos un orden constitucional democrático. Implica que existen límites a la libertad natural, precio que pagamos para habitar un territorio con autoridades públicas, las cuales también deben atenerse a los principios del sistema republicano, representativo y federal. Los derechos y garantías constitucionales, son la base y contexto, de donde no pueden los gobernantes y los ciudadanos-fuente de la soberanía popular- evadirse o contradecirla. Dicho estado de derecho, es sencillamente el predominio de la ley garantizando el interés general sobre el individual.
Esta convivencia social, implica la seguridad para todos, alejándonos de la “ley de la selva” (Tomás Hobbes -“El hombre es un lobo para el hombre”-).
La seguridad abarca, la llamada seguridad civil, que protege las libertades fundamentales , los bienes y las personas. Y la seguridad social, que implica una sociedad solidaria, que asegure salud, educación y bienestar (económico y mental) en niveles acorde a la dignidad humana.
La contracara, la inseguridad, históricamente tuvo un predominio de los fenómenos naturales (tormentas, inundaciones, terremotos). Con la evolución del hombre y su dominio relativo del medio, emerge la llamada actividad antrópica, convirtiéndose la actividad humana en fuente positiva para el bienestar general. Pero, dicho desarrollo, hoy con la globalización y sus buenos efectos, también nos trae la llamada sociedad del riesgo (Ulrich Beck). La tecnología y el sistema de producción y consumo vigente, cuyo eje es el sistema financiero internacional que impone las reglas del “mercado”, nos encierra en un juego sin límites respecto al medio ambiente, el entorno que integramos (Laudato Si) .
Los beneficios de la sociedad industrial y global, comparativamente con épocas precedentes, están a la vista (mayor expectativa de vida, etc.), sin dejar de destacar que también se acentúan las inequidades sociales (el 1% de la población concentra más del 82 % de la riqueza global.)
Estos factores de la sociedad del riesgo, hoy constituyen ejes que imponen una inseguridad real. La naturaleza, la madre tierra, no soporta la explotación ilimitada de sus “recursos” naturales no renovables, y con el cambio climático vuelve la naturaleza a convertirse en factor de riesgo para nuestra seguridad, haciendo caso omiso al llamado “optimismo tecnológico”, el cual cree en la inventiva que permitirá superar los efectos negativos al ecosistema.
Y en cuanto al otro eje, la seguridad ciudadana, basada en las dos acepciones de seguridad civil y social, en esta sociedad del riesgo, nos lleva a la paradoja, a la contradicción de un perfeccionamiento del sistema de protección, que no logra la tranquilidad de ningún sector social. Precisamente, la maquinaria de una mayor protección contra la violencia ciudadana ( barrios privados, mayor tecnología- cámaras de seguridad- y elementos para la policía pública y privada), no brinda niveles de seguridad aceptables para una sociedad civilizada.
El mundo posmoderno que transitamos genera violencia, ejercida desde el poder insolidario, goloso y corrupto, o desde la violencia cuerpo a cuerpo (ésta ejercida por todos los sectores, pero más visibles en los medios y bajo de la pirámide social). Aflora y converge, además de la inseguridad real, la sensación de inseguridad, una verdadera aversión (temor) del riesgo de ser víctima de la inseguridad ciudadana, acentuada por los intereses del negocio que vive de la producción y servicios de seguridad, todo ello amplificado por los medios de comunicación.
Esta situación, sólo puede abordarse, desde el marco constitucional democrático, con mayor eficiencia sin afectar las garantías individuales (que son para todos, no sólo para el presunto delincuente). Con Políticas Públicas de Prevención del delito; problema social complejo, con un protagonismo dinámica de la comunidad, las víctimas y el infractor penal. Tema para otra próxima columna y que no puede dejar de lado lo aquí expuesto.-
(*) Profesor de Criminología (U.N.L.de Zamora) y de Política Ambiental (UADER) -CEPES-
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