22 Ago, 2026, 10:06 AM
Según la hipótesis expuesta en la denuncia judicial, el presunto fraude podría alcanzar una cifra cercana a los 5 millones de dólares, acumulados durante aproximadamente dos años, entre 2024 y 2025, con un supuesto desvío que rondaría los 90 millones de pesos mensuales. Se trata, de confirmarse, de una maniobra de enorme impacto económico e institucional para la provincia.
La denominada causa de los “Adicionales Truchos” no plantea solamente la existencia de posibles irregularidades administrativas. De acuerdo con la denuncia, detrás del sistema podría haber funcionado una estructura organizada destinada a desviar recursos públicos provenientes de los servicios adicionales que presta personal policial.
EL DESAFÍO PARA NESTOR RAMON RONCAGLIA
El caso también coloca al ministro de Seguridad Roncaglia, frente a una prueba política e institucional de enorme trascendencia. Un funcionario que ha mostrado públicamente una postura firme frente al delito y que ha sostenido un discurso de fuerte combate contra las organizaciones criminales ahora deberá demostrar que esa misma determinación alcanza también hacia adentro de la propia estructura de seguridad.
La investigación de los “Adicionales Truchos” no implica atribuir responsabilidad al ministro por los hechos denunciados, algo que deberá determinar la Justicia, pero sí plantea un desafío concreto para su gestión: si se pretende combatir la corrupción con firmeza, esa lucha debe comenzar también por garantizar transparencia absoluta dentro de la fuerza que conduce. En este contexto, la sociedad entrerriana espera que el ministro esté a la altura de sus propias banderas y que impulse una investigación profunda, sin privilegios ni protección para nadie, cualquiera sea su cargo o jerarquía. El propio Ministerio ha ratificado recientemente su compromiso con la regularización del sistema de adicionales policiales.
EL COMIENZO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación tomó impulso a comienzos de 2026, cuando un grupo de efectivos policiales, bajo reserva de identidad, habría decidido aportar información sobre una serie de maniobras que, según denunciaron, permitían desviar importantes sumas de dinero.
La denuncia habría puesto bajo la lupa el funcionamiento del sistema de adicionales y la forma en que se registraban, autorizaban y abonaban determinados servicios.
El eje de la investigación apunta a determinar si existieron servicios que fueron facturados pero que nunca habrían sido efectivamente prestados, o si se utilizaron mecanismos de registración que permitieron generar pagos irregulares.
¿UNA ESTRUCTURA SIMILAR A LA DE LOS “CONTRATOS TRUCHOS”?
Uno de los interrogantes que surge inevitablemente es si el mecanismo denunciado podría guardar alguna similitud con el esquema investigado en la denominada mega causa de los “Contratos Truchos”, aunque se trata de investigaciones diferentes y será la Justicia la que determine la verdadera naturaleza de las maniobras.
Lo preocupante de la denuncia es que no se describen hechos aislados ni simples errores administrativos. La hipótesis plantea la posible existencia de un mecanismo organizado y sostenido en el tiempo, con diferentes actores y una metodología destinada a canalizar los fondos.
Siempre de acuerdo con lo denunciado, para concretar las operaciones se habría recurrido a personas que actuarían como “prestanombres” o “prestacuentas”, quienes retirarían o recibirían fondos para posteriormente distribuirlos dentro de la estructura investigada.
MILLONES DE PESOS BAJO LA LUPA
La cifra de 90 millones de pesos mensuales aparece como uno de los datos más sensibles de la investigación.
De acuerdo con la hipótesis denunciada, ese supuesto movimiento habría permitido generar un perjuicio económico que, acumulado durante aproximadamente dos años, podría superar los 5 millones de dólares.
Sin embargo, resulta fundamental aclarar que estas cifras corresponden a una hipótesis de investigación y deberán ser confirmadas, modificadas o descartadas mediante las pericias contables, el análisis de la documentación y las decisiones que adopte la Justicia.
Determinar cuánto dinero fue efectivamente pagado, cuánto correspondía a servicios reales y cuánto podría haber sido desviado será una de las claves para establecer la verdadera dimensión del caso.
EL FOCO SOBRE EL 911 Y LA VIDEOVIGILANCIA
Las actuaciones judiciales habrían puesto especial atención sobre el funcionamiento del sistema de adicionales. La investigación deberá establecer si existieron irregularidades, quiénes participaron de ellas, qué niveles de responsabilidad tuvieron y si los mecanismos utilizados pudieron mantenerse durante un período prolongado sin ser detectados por los controles institucionales.
La eventual responsabilidad penal o administrativa de las personas involucradas deberá ser determinada exclusivamente por los organismos competentes, respetando en todos los casos el principio de presunción de inocencia.
LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO
La gravedad institucional de las denuncias llevó al Ministerio de Seguridad de Entre Ríos a intervenir administrativamente sobre el sistema de adicionales, revisar procedimientos, requerir documentación de interés para la investigación e impulsar modificaciones destinadas a transparentar el régimen de prestación y pago de estos servicios.
LOS DENUNCIANTES, BAJO PROTECCIÓN JUDICIAL
La decisión judicial de mantener protegidos a los policías denunciantes tampoco es un dato menor.
La Justicia consideró necesario extender las medidas durante otros 90 días, hasta noviembre de 2026, para evitar posibles represalias contra quienes aportaron información a la investigación.
Cuando quienes denuncian irregularidades dentro de una fuerza de seguridad necesitan protección judicial frente a posibles consecuencias laborales, el problema deja de ser exclusivamente administrativo.
Se convierte en un problema institucional.
Porque una Policía profesional necesita controles internos eficaces, pero también necesita que sus integrantes puedan denunciar irregularidades sin temor a perder destinos, adicionales, turnos o sufrir sanciones arbitrarias.
Paralelamente, se habrían dispuesto medidas de protección por parte de la justicia, para los efectivos que aportaron información a la investigación, frente a la posibilidad de eventuales represalias o decisiones administrativas que pudieran afectar a quienes denunciaron las presuntas irregularidades.
MUCHO MÁS QUE UNA CAUSA PENAL
Si las maniobras denunciadas fueran finalmente acreditadas, el caso excedería ampliamente la discusión sobre determinadas personas.
Estaríamos frente a un problema institucional de enorme gravedad que involucraría el funcionamiento de uno de los organismos más sensibles del Estado provincial: la Policía de Entre Ríos.
Una fuerza de seguridad necesita no solamente recursos, tecnología, móviles y equipamiento. Necesita, fundamentalmente, credibilidad y confianza ciudadana.
Por eso, una investigación de estas características obliga a mirar más allá de los eventuales responsables directos y formular preguntas incómodas:
¿Cómo pudo funcionar durante tanto tiempo un mecanismo de semejante magnitud sin que los organismos de control lo detectaran?
¿Fallaron los controles internos?
¿Las auditorías fueron suficientes?
¿Existieron advertencias que no fueron atendidas?
¿Quiénes tenían la responsabilidad de controlar el sistema?
¿Funcionaron adecuadamente los mecanismos de rendición de cuentas?
Y, fundamentalmente, ¿cuánto dinero público pudo haberse perdido si las hipótesis de la investigación fueran confirmadas?
Son preguntas que no deberían responderse con discursos políticos ni explicaciones superficiales. Deben responderse con documentación, auditorías, pericias contables y decisiones judiciales.
LA CONFIANZA TAMBIÉN SE INVESTIGA
Toda persona sometida a una investigación conserva su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Será la Justicia la encargada de establecer si los hechos denunciados efectivamente ocurrieron y, en ese caso, quiénes fueron sus responsables.
Pero existe una cuestión que ya no puede ser ignorada: la causa de los “Adicionales Truchos” puso bajo la lupa la eficacia de los mecanismos de control sobre el manejo de fondos vinculados a la Policía de Entre Ríos.
Y esto no significa poner en duda el trabajo de todos los integrantes de la fuerza.
Por el contrario, la inmensa mayoría de los policías entrerrianos cumple diariamente una tarea difícil, arriesgando su propia integridad para proteger a la ciudadanía. Son hombres y mujeres que merecen que su trabajo, esfuerzo y vocación de servicio no queden injustamente asociados con las conductas que eventualmente pudieran haber cometido determinadas personas.
Precisamente por respeto a esos policías honestos, la investigación debe avanzar hasta las últimas consecuencias.
Si hubo delito, quienes resulten responsables deberán responder ante la Justicia. Si hubo fallas administrativas, deberán determinarse sus responsables. Y si los controles fueron insuficientes, deberán corregirse.
Porque una institución fuerte no se construye ocultando sus problemas, sino investigándolos, corrigiéndolos y transparentándolos.
No hay seguridad pública sin confianza ciudadana.
Y recuperar esa confianza exige mucho más que discursos: requiere controles eficaces, auditorías permanentes, rendición de cuentas y la certeza de que ningún hecho de presunta corrupción quedará sin investigar, cualquiera sea el cargo o la jerarquía de quienes pudieran resultar involucrados.
La pregunta seguirá abierta hasta que la Justicia y los organismos de control puedan responderla:
¿Cómo pudo funcionar durante tanto tiempo un mecanismo de semejante magnitud sin que nadie lo detectara?
La respuesta será, quizás, tan importante como determinar cuánto dinero se habría desviado.
LA PREGUNTA FINAL
Roncaglia conoce desde adentro cómo funciona una estructura policial. Conoce la importancia de las cadenas de mando, los sistemas de información, los controles y la coordinación entre distintas áreas. Por eso, la discusión no debería reducirse a preguntar “quién se quedó con la plata”.
La pregunta también debe ser:
¿Quién debía controlar que esa plata no pudiera desaparecer?
La Justicia deberá determinar si existió un delito, quiénes participaron y cuál fue el perjuicio económico para el Estado.
Pero mientras tanto, existe una responsabilidad política que merece ser discutida públicamente.
Y si nadie vio nada, entonces la pregunta es todavía más grave:
¿Fallaron los controles o alguien decidió mirar para otro lado?
Esa es la pregunta que el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, debería responderle a la sociedad entrerriana.
Ariel Heidenreich
