El proyecto presentado por la diputada provincial del PJ Verónica Paola Rubattino dispone “un protocolo de pautas mínimas, en relación a la búsqueda de personas desaparecidas en un contexto de violencia de género” para ser tenido en cuenta por los distintos poderes del Estado. En la iniciativa se detallan las pautas y se explica que el protocolo “es una guía para la investigación de situaciones de desaparición de mujeres o personas autopercibidas como tales, en el marco de contextos de violencia de género y a fin de dar con el paradero y estado de la persona desaparecida”.
Establece una serie de “principios orientativos” que “deben operar a lo largo de toda la intervención e investigación de este tipo de casos”. En tal sentido, menciona la perspectiva de género, la regla de celeridad, la de Accesibilidad, trato y contención, la regla de Información, personal capacitado, la regla de la no revictimización y la de Abordaje Integral y Coherencia interna.
En otro tramo de la iniciativa se hace referencia a las “medidas a adoptar” y, en ese marco, dispone la implementación de oficio y sin dilación alguna de la búsqueda de la persona desaparecida, el establecimiento de un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona y la confrontación del reporte o denuncia de desaparición con la base de datos del REJUCAV (Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia), con las bases de datos de otras personas desaparecidas en circunstancias similares, buscando patrones también similares y priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda.
También se establecen una serie de sugerencias destinadas a los familiares y allegados a la persona desaparecida, como la presentación de la denuncia en la comisaría más cercana para que se proceda de oficio: “Aclarar que no tiene que esperar que pase un tiempo mínimo, y que las autoridades policiales y/o judiciales están obligadas a tomar su denuncia”. A su vez, el proyecto señala que “deben adoptarse todos los recaudos para obtener y salvaguardar filmaciones de cámaras de seguridad públicas o privadas; computadoras; tablets y todo dispositivo electrónico e informático de almacenamiento de datos de la víctima, como así también de telefonía celular, tratando de obtener en lo posible la clave de uso de ellos y de sus cuentas” y resalta la importancia de “conocer a quien se busca con la mayor profundidad posible”, para lo cual da una serie de parámetros.
También se refiere a la importancia de poder “precisar el último lugar en el que fue vista y solicitar la intervención de los profesionales en criminalística para el análisis de ese sitio como presunto lugar del hecho” y hace hincapié en la centralización de las decisiones e información en el Fiscal de la causa.
