Crisis en la UP9: un penitenciario apartado, una denuncia por violencia y otro agente internado

Un funcionario involucrado en un disparo que hirió a un compañero fue denunciado por un presunto episodio de violencia contra su expareja, tiene prohibición judicial de acercamiento y fue pasado a disponibilidad. En otro hecho, un agente terminó internado tras engancharse con la concertina en un puesto de vigilancia. Los controles internos, las condiciones laborales y las responsabilidades de la conducción vuelven al centro del debate.

 

Por MáximaOnline.

 

La Unidad Penal N.º 9, Colonia Penal El Potrero, de Gualeguaychú, vuelve a quedar bajo la lupa por una sucesión de acontecimientos que, aunque corresponden a situaciones diferentes, plantean interrogantes sobre el funcionamiento institucional, los controles internos y las condiciones en las que trabaja el personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

 

Por un lado, un funcionario que en agosto de 2025 protagonizó un episodio con una escopeta calibre 12/70, en el que otro penitenciario resultó herido en el pecho y el abdomen, volvió a quedar involucrado en una situación de violencia, esta vez en el ámbito de su relación de pareja. La Justicia dispuso medidas de prohibición de acercamiento hacia su expareja y, posteriormente, el agente fue pasado a disponibilidad en el ámbito administrativo.

 

Por otro lado, durante la noche del jueves, hace casi una semana otro trabajador penitenciario sufrió un accidente en el puesto de vigilancia N.º 6, al engancharse con la concertina (alambre de púas del sector). Las heridas obligaron a trasladarlo para recibir asistencia médica, quedó internado y se le practicó una tomografía computada.

 

Dos situaciones distintas, pero una misma institución que debe dar explicaciones sobre sus mecanismos de prevención, supervisión y responsabilidad.

 

Un funcionario pasado a disponibilidad y con medidas judiciales

El primero de los acontecimientos tiene como protagonista a un agente penitenciario que ya había quedado involucrado en un grave episodio ocurrido en agosto de 2025, cuando otro trabajador resultó herido por un disparo efectuado dentro del establecimiento carcelario.

 

En aquella oportunidad, el hecho fue presentado inicialmente como un episodio que se presumía accidental.

 

El disparo salió de una escopeta Pietro Beretta calibre 12/70, utilizada en los puestos de vigilancia de las unidades penales de la provincia. El arma se encontraba cargada con munición antitumulto (AT), conocida comúnmente como posta de goma, y el impacto alcanzó la zona del pecho y el abdomen del trabajador.

 

El funcionario lesionado fue trasladado al Centro Médico San Lucas de Gualeguaychú, donde recibió asistencia médica. Según la información que trascendió entonces, no presentaba fracturas óseas, aunque sufrió un importante hematoma como consecuencia del impacto.

 

A raíz de aquel episodio, las autoridades penitenciarias iniciaron actuaciones administrativas para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo y establecer las eventuales responsabilidades relacionadas con el manejo del armamento reglamentario.

 

Sin embargo, la situación del agente volvió a generar preocupación durante esta semana, cuando quedó involucrado en una nueva denuncia por un presunto episodio de violencia contra su pareja.

 

El hecho motivó la intervención policial y actuaciones judiciales. Como consecuencia, la Justicia dispuso medidas de prohibición de acercamiento del funcionario hacia su expareja.

 

Asimismo, trascendió que el agente debió permanecer internado en observación y que se le atribuiría, en principio, una presunta conducta encuadrada como lesiones en un contexto de violencia de pareja.

 

Posteriormente, el Servicio Penitenciario resolvió pasarlo a disponibilidad.

 

Esta decisión administrativa abre nuevos interrogantes sobre los antecedentes del funcionario, las actuaciones realizadas después del disparo de 2025 y las medidas adoptadas por las autoridades ante la nueva intervención judicial.

 

La disponibilidad no implica una declaración de responsabilidad penal, pero constituye una decisión administrativa que merece ser explicada en cuanto a sus fundamentos y alcances.

 

Otro penitenciario terminó internado por un accidente en un puesto de vigilancia

 

Mientras estas actuaciones involucran a un funcionario en particular, otro episodio ocurrido en la misma unidad penal expone una problemática diferente: las condiciones de seguridad en las que trabaja el personal penitenciario.

 

Durante la noche del jueves, un agente que cumplía funciones en el puesto de vigilancia N.º 6 sufrió un accidente al engancharse con la concertina y el alambre de púas del sector.

 

La situación le provocó heridas que requirieron asistencia médica. El trabajador fue trasladado, quedó internado y se le practicó una tomografía computada, además de las curaciones correspondientes.

 

El hecho vuelve a poner en discusión el estado de las instalaciones y los riesgos a los que están expuestos quienes cumplen tareas de vigilancia en el establecimiento.

 

Los puestos perimetrales son sectores fundamentales para la seguridad de una unidad penitenciaria. Allí, los agentes deben cumplir guardias, permanecer expuestos a las condiciones climáticas y desarrollar sus funciones en espacios que requieren mantenimiento y controles permanentes.

 

Por eso, el accidente plantea preguntas que no deberían quedar sin respuesta: ¿En qué estado se encuentran los puestos de vigilancia de la UP9? ¿La concertina y los cercos perimetrales están correctamente instalados y acondicionados? ¿Se realizan inspecciones periódicas para detectar riesgos? ¿Existen protocolos de prevención y elementos de protección adecuados para el personal?

 

No alcanza con exigirle al trabajador que cumpla con sus obligaciones. La institución también tiene la responsabilidad de garantizar condiciones seguras para que pueda desarrollar sus tareas sin exponer innecesariamente su integridad física.

 

¿Qué controles existen dentro de la UP9?

 

Los dos acontecimientos permiten abrir una discusión que excede las circunstancias particulares de cada episodio.

 

Por una parte, es necesario conocer qué resultado tuvieron las actuaciones administrativas iniciadas por el disparo de agosto de 2025, qué medidas se adoptaron y si se evaluaron las condiciones en las que el funcionario continuó desempeñando sus tareas.

 

También corresponde conocer qué intervención tuvo la conducción penitenciaria después de la denuncia por violencia de pareja y de las medidas judiciales de prohibición de acercamiento.

 

Por otra parte, el accidente del puesto de vigilancia N.º 6 debería motivar una revisión de las condiciones de infraestructura, los mecanismos de prevención y el mantenimiento de los sectores perimetrales.

 

¿La conducción de la Unidad Penal N.º 9 informó ambos acontecimientos a la Dirección General? ¿Se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes? ¿Se realizaron inspecciones sobre los puestos de vigilancia? ¿Quién controla que las instalaciones estén en condiciones adecuadas para el personal?

 

Son preguntas que apuntan al funcionamiento de una institución pública y al cumplimiento de las responsabilidades de sus autoridades.

 

La responsabilidad de la conducción penitenciaria

 

La seguridad de una unidad penal no puede medirse únicamente por la capacidad de controlar a las personas privadas de libertad, evitar fugas o custodiar los perímetros.

 

También debe contemplar la integridad física de los trabajadores, el uso responsable del armamento reglamentario, la prevención de accidentes y el cumplimiento de las normas que regulan la conducta de los funcionarios.

 

Los agentes penitenciarios cumplen una función esencial para el Estado. Su trabajo requiere disciplina, preparación y responsabilidad, pero también instalaciones adecuadas, supervisión y protección institucional.

 

La conducción de la UP9 y la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos tienen la responsabilidad de garantizar que existan mecanismos efectivos de control y que cada situación sea investigada conforme a los procedimientos correspondientes.

 

Una cárcel, dos episodios y demasiadas preguntas

 

Un funcionario pasado a disponibilidad después de una denuncia por violencia de pareja y con una prohibición judicial de acercamiento a su expareja. Un antecedente de un disparo que dejó herido a otro trabajador dentro de la unidad. Y otro penitenciario internado después de accidentarse con la concertina en un puesto de vigilancia.

 

No corresponde confundir los hechos ni anticipar conclusiones judiciales. Pero tampoco resulta razonable que acontecimientos de esta naturaleza pasen inadvertidos para las autoridades responsables de conducir el establecimiento.

 

La ciudadanía tiene derecho a conocer qué sucede dentro de las instituciones penitenciarias, cómo se administran los recursos, qué controles se realizan y qué medidas se adoptan cuando se presentan situaciones que comprometen la seguridad.

 

Porque una cárcel no puede exigir responsabilidad y cumplimiento de la ley hacia afuera si no garantiza controles, prevención y responsabilidad institucional hacia adentro.

 

La pregunta final es inevitable: ¿quién controla a la UP9 y quién responde por las condiciones en las que trabajan sus funcionarios?