“Debería haber un organismo de control, de seguimiento de las políticas públicas. Vemos que hay una baja efectividad”, subrayó el abogado.
En este sentido, señaló que “en la situación de Gilbert, a pesar de que una de las victimas trabajaba ahí, nadie actuó con un protocolo de género”.
En las instituciones, destacó el abogado “se ven una doble asimetría de poder, una administrativa, y otra por el solo hecho de ser mujer y trabajar, donde está la de perder el trabajo si no se aceptan los requerimientos del jefe”.
Al respecto, fue muy crítico y resaltó que “hay que revisar la política pública de capacitación, porque si bien se hacen, no hay efectos. Y los protocolos no hacen efecto si la persona está en el poder”.
“Se han hecho muchas capacitaciones, pero hay que revisar porqué no se aplica lo que se enseña. Debería haber un organismo de control de esta política y de seguimiento. Se ha invertido mucho dinero, pero tiene una baja efectividad, y nadie revisa esto”.
Por otra parte, Weimberg señaló que la situación psicológica de la mujer que denunció en el caso del regimiento, “es muy similar a la de las víctimas del caso Constantino. Sentirse observada y juzgada, culpable de denunciar, defraudar a la familia”.
“También está la opresión que sientas ellas por no querer defraudar su rol de mamá, es lo que evita la denuncia”, puntualiza el abogado que pone en foco la encrucijada en la que se encuentran las mujeres trabajadoras que maternan, a la hora de denunciar situaciones de acoso y abuso en sus ámbitos laborales.
“Sienten un gran dolor por no poder darle a sus hijos lo que quisieran en el caso de quedarse sin su fuente laboral”.
