La situación laboral en el Parque Industrial de Gualeguaychú atraviesa un momento crítico, con dos conflictos que, tras pasar por las audiencias de conciliación obligatoria ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, presentan realidades marcadamente diferentes. Mientras que en UnionBat se vislumbran gestiones para una eventual reactivación, el conflicto en Laboratorios Pyam permanece en un punto muerto.
UnionBat: entre la esperanza de reapertura y el acampe
En la fábrica de baterías, donde se contabilizan 100 trabajadores despedidos, el escenario mantiene una expectativa de diálogo. Según confirmó el abogado del gremio, Andrés Ocampo, en declaraciones a MÁXIMA, se han iniciado conversaciones informales que contemplan la posibilidad de reactivar la planta.
El esquema que se baraja, aunque aún sujeto a negociaciones, propone la reapertura parcial con la reincorporación de una parte del personal, mientras que para el resto se ofrecerían retiros voluntarios. El objetivo central del sindicato es preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.
Un factor técnico no menor que presiona sobre esta decisión es la naturaleza de la planta: el mantenimiento de las instalaciones es imperativo, dado que el procesamiento de plomo y ácido requiere cuidados específicos y constantes para evitar riesgos.
En el plano administrativo, se informó que este sábado se completó el pago de la primera quincena y se prevé que la segunda sea abonada la próxima semana. Pese a estas señales, el acampe de los trabajadores despedidos persiste frente a las puertas de la fábrica a la espera de definiciones concretas, las cuales se buscarán en una nueva audiencia programada para el próximo viernes.
Laboratorios Pyam: estancamiento total
A diferencia del caso anterior, el conflicto en Laboratorios Pyam —que afecta a 11 obreros— no muestra signos de avance. Martín Gómez, secretario general del Sindicato de Obreros Químicos y Petroquímicos, calificó la situación como "estancada".
Durante la audiencia, la empresa no presentó propuestas ni intenciones de negociación. Según indicó Gómez, la compañía envió a un representante legal que asistió únicamente para cumplir con el acto administrativo, pero sin instrucciones para avanzar en una solución. Ante este panorama de cerrazón, el gremio solicitará a la Secretaría de Trabajo una extensión de cinco días adicionales a la conciliación obligatoria, en un intento por forzar una instancia de diálogo que hoy parece inexistente.