El pedido de quiebra de SanCor dejó de ser una versión difundida por el gremio lácteo y pasó a ser un hecho formal: este 16 de abril la presentación quedó incorporada al expediente judicial, dentro del concurso de acreedores que tramita la cooperativa.
El escrito fue presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N°5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich, y lleva la firma del presidente del Consejo de Administración, Oscar Juan Sapino, con patrocinio del abogado Mariano David Vainman. Allí se solicita la “declaración de propia quiebra por frustración del concurso preventivo”, en el marco del proceso iniciado en febrero del año pasado.
En una resolución dictada el mismo día, el juzgado tuvo por formulado el pedido y lo dejó en estado de resolución, por lo que ahora la decisión final quedó en manos del magistrado.
Qué dicen el acta y la presentación judicial
El expediente incorpora el acta de la asamblea realizada el 8 de abril pasado del Consejo de Administración que respaldó la decisión, donde la cooperativa expone con mayor crudeza su situación. En ese documento, la conducción reconoce que “técnicamente se encontraría en cesación de pagos” y que enfrenta una “imposibilidad de poder realizar cualquier tipo de propuestas de acuerdo preventivo dentro del concurso”.
El texto detalla que el relanzamiento de la empresa tras la apertura del concurso “se vio afectado por la imposibilidad de la puesta en marcha de la plena actividad industrial”, lo que impidió financiarse con su propio flujo de fondos. Esa limitación, admite la propia cooperativa, derivó en “el aumento del pasivo post-concursal que conllevaba ineludiblemente la quiebra”.
En esa línea, el acta deja uno de los diagnósticos más contundentes: “hoy SanCor ya no puede cumplir regularmente con sus obligaciones, sin recurrir a medios ruinosos o que agraven su situación”, lo que configura un cuadro de insolvencia estructural.
En la presentación judicial, la empresa complementa ese diagnóstico y sostiene que “no ha logrado recomponer su operación ni generar ingresos suficientes”, pese a los intentos realizados, incluyendo acuerdos productivos con terceros que “no han permitido superar las restricciones estructurales”.
El escrito describe además un contexto de restricciones al crédito, falta de capital de trabajo y una estructura de costos insostenible, factores que derivaron en la “imposibilidad de atender regularmente las obligaciones exigibles”, incluyendo salarios, compromisos fiscales y deudas comerciales. A esto se suma la acumulación de deuda postconcursal y la presión de acreedores, con múltiples pedidos de quiebra en trámite.
En ese contexto, la empresa concluye que el proceso preventivo quedó “frustrado” y que resulta inviable presentar una propuesta de pago cumplible.
Asamblea el 30 y qué puede pasar con los activos
En paralelo, SanCor informó en el expediente la convocatoria a una asamblea extraordinaria de asociados para el 30 de abril, donde se buscará ratificar la decisión adoptada por el Consejo de Administración. Si bien se trata de un paso interno de la cooperativa, la instancia aparece como un respaldo institucional a una medida extrema en un contexto de fuerte deterioro financiero y operativo.
Ahora, el foco se traslada a la Justicia. Con el expediente ya actualizado y el pedido formalizado, el juez Gelcich deberá definir si declara la quiebra, lo que implicaría pasar de un proceso de reestructuración a una etapa de liquidación bajo control judicial.
En ese escenario, los activos de SanCor, plantas industriales, marcas y otros bienes, quedarían bajo administración de un síndico, que podría avanzar en su venta para satisfacer a los acreedores. También podría evaluarse alguna forma de continuidad limitada de la explotación para preservar valor, aunque el propio expediente muestra que los intentos recientes de sostener la operatoria no lograron revertir la crisis.
La causa llega a este punto con una situación límite. SanCor acumula una deuda cercana a u$s120 millones, con más de 1.500 acreedores verificados, y mantiene un frente laboral complejo: según Atilra, la empresa adeuda ocho meses de salarios y aguinaldos.
En términos operativos, la actividad se sostiene a niveles mínimos, con plantas que funcionan parcialmente o mediante acuerdos con terceros, en un esquema que no logró revertir la crisis. Con el ingreso formal del pedido este 16 de abril, el proceso dio un paso decisivo: la quiebra ya no es una posibilidad en discusión sino una solicitud concreta que la Justicia debe resolver en el corto plazo.
Fuente: Ámbito
Temas
CONVERSACIÓN
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación...
[X]
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad
de sus autores Máxima Online se reserva
el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o
discriminadores.
