En un operativo conjunto de máxima seguridad, la Justicia Federal logró desbaratar un plan de sicariato orquestado desde el interior de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. Frigerio manifestó su respaldo absoluto al trabajo realizado y afirmó: "En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito".
El objetivo del atentado eran el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, el fiscal federal ante el Tribunal Oral, José Ignacio Candioti y le ministro Néstor Roncaglia.
Tras lo sucedido, el gobernador Rogelio Frigerio expresó a través de sus redes sociales su repudio y destacó que la maniobra "fue neutralizada gracias al profesionalismo del Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal".
En ese sentido, el mandatario calificó el hecho como "un ataque directo a la Justicia y al Estado de Derecho", y remarcó la gravedad institucional del intento de atentado contra funcionarios que investigan delitos complejos.
"Mi respaldo absoluto a quienes enfrentan al narcotráfico con coraje y determinación. En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito", concluyó el gobernador.
La investigación, que se manejó con estricto hermetismo, señala como principal implicado al narco diamantino Leonardo Airaldi, quien se encuentra alojado en el Pabellón E de dicha unidad. Según los datos recolectados, Airaldi habría pagado la suma de 40.000 dólares a un sicario de nacionalidad uruguaya para ejecutar a los magistrados durante sus vacaciones.
El procedimiento, fue ordenado por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y el fiscal Pedro Rebollo. Durante el allanamiento en el pabellón donde reside el imputado, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, anotaciones manuscritas, documentación de interés y dosis de cocaína.
El plan criminal buscaba interrumpir el inicio del juicio oral contra Airaldi y otras 13 personas por narcotráfico, previsto para este próximo 24 de febrero. Según las declaraciones de un testigo clave dentro del penal, el jefe narco pretendía "vengarse" de Ríos por la instrucción de la causa y de Candioti ante la inminente condena de 15 años que solicita la fiscalía.
Prensa Gobierno ER
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