10 Feb, 2020, 20:27 PM
La arquitecta Daniela Verzeñasi del colectivo Basta es Basta revelo en RADIO MÁXIMA que están preparando un Recurso de Queja ante el máximo Tribunal del país después del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que al negarles la posibilidad de un Recurso Extraordinario, avaló el último decreto del gobernador Bordet que permite fumigar en cercanías de las escuelas rurales.
Verzeñasi explicó que “toda esta historia arranca en 2018, el decreto del Gobernador no es porque deciden tomar partido por lo que estaba pasando en las escuelas rurales, sino porque nosotros metimos un amparo ambiental pidiendo por la situación que estábamos atravesando, con dos casos muy emblemáticos en Entre Ríos. Ponemos un amparo, lo ganamos y el gobernador saca un decreto, el 2239, y ahí seguimos, amparo, apelación, amparo, apelación hasta el último que ganamos y fue cuando sacan el otro decreto que era peor que el primero que habían hecho. Ganamos en primera instancia, con el juez Galanti con un fallo nuevamente impecable como el de Benedetto. Ahí la provincia apela y el Superior Tribunal de Justicia le da la derecha al gobierno provincial”.
La integrante del colectivo Basta es Basta expresó a RADIO MÁXIMA que “lo que dicen los jueces es lamentable, con este decreto le dan validez a la desprotección de la salud de la población escolar rural. En el fallo del juez Galanti dice claramente que desde Salud Pública no hay un apoyo al decreto sino todo lo contrario. Lo único que dice es nombrar producto por producto que utilizan y los daños que genera en la salud entonces es vergonzoso que nuestros jueces del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos por lo visto no leyeron nada y generan este fallo en contra. Nosotros de alguna manera estábamos preparados para esto, para lo que no estábamos preparados es para recibir de las personas que supuestamente debieran ser las más capaces en lo que respecta a las leyes en nuestra provincia, es que el Superior Tribunal no sepa ni de leyes ni de la Constitución provincial, donde se habilita a los amparos ambientales de manera gratuita y resulta que ahora el Superior Tribunal con este fallo negativo para ir a la Corte Suprema no solo que nos deniega el permiso para ir a la Corte sino que encima nos aplican costas, es decir honorarios para el señor Rodriguez Signes, el abogado del gobierno, de manera absolutamente ilegal, 14 mil pesos que no sabemos si es para callarnos o porque desconocen las leyes y la Constitución, lo cual es una verdadera vergüenza. Ahora vamos a la Corte Suprema y depende de los resultados ahí, estamos decididos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, finalizó.
