El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil, marcando un hito en la política de seguridad de la República Argentina.
En una sesión cargada de tensión, fuertes cruces dialécticos y un simbolismo político que remarcó la división de aguas en el recinto, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) logró consolidar una mayoría de 44 votos positivos frente a 27 negativos.
Este resultado representa un nuevo triunfo legislativo para el Poder Ejecutivo durante el período de sesiones extraordinarias. La iniciativa, que tuvo su origen en el Ministerio de Seguridad bajo la conducción de Patricia Bullrich —quien hoy lidera el bloque de senadores oficialistas—, fue celebrada por sus impulsores como un cambio de paradigma necesario para combatir la inseguridad. La jornada no estuvo exenta de momentos de alta emotividad, incluyendo un minuto de silencio por las víctimas de delitos que puso a prueba el protocolo de la Cámara Alta.
La reforma no solo modifica el límite de edad para que un adolescente sea sometido a un proceso penal, sino que reestructura integralmente el Régimen Penal Juvenil.
Para el oficialismo, se trata de una respuesta directa al reclamo social de justicia; para la oposición, mayoritariamente aglutinada en el peronismo, es una medida punitivista que carece de sustento presupuestario y que vulnera tratados internacionales de derechos humanos.
Los detalles del nuevo Sistema Penal Juvenil
Más allá de la batalla política, el proyecto convertido en ley propone la creación de un sistema especializado para adolescentes de 14 a 18 años. El objetivo central es garantizar procesos judiciales que, aunque punitivos, se adecúen a la edad de los imputados.
Entre los puntos destacados, se establece la presunción favorable a la minoría de edad y la prohibición estricta de que los menores compartan ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos, un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos.
El nuevo régimen introduce principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, priorizando teóricamente la resocialización.
El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el primer momento y que las causas se tramiten en órganos especializados. Además, se reconoce el derecho de los adolescentes a ser oídos y a que sus familias participen activamente en el proceso, buscando un equilibrio entre la sanción y la contención.
Un aspecto novedoso de la norma es el capítulo dedicado a las víctimas. Se les otorga un rol central, garantizándoles asistencia jurídica y psicológica inmediata. Las víctimas podrán intervenir en las audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, además de participar en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil. Este enfoque busca mitigar la sensación de desamparo que mencionaba Bullrich en su discurso de apertura.
Sanciones, reinserción y el futuro de los inimputables
El esquema de sanciones aprobado es progresivo y diversificado. No todo se resume a la cárcel: la ley contempla medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y la reparación del daño. La privación de libertad queda reservada exclusivamente para delitos graves, con límites temporales estrictos y la obligación de una separación permanente de los jóvenes respecto de la población carcelaria adulta.
Para asegurar que la pena cumpla un rol de reinserción, se crea la figura del supervisor judicial especializado. Este funcionario será el responsable de acompañar y monitorear el proceso de vuelta a la sociedad del joven. La libertad condicional no será automática; requerirá el aval del Ministerio Público Fiscal y el cumplimiento de condiciones precisas. Asimismo, el proyecto contempla protocolos específicos para abordar problemas de salud mental y consumos problemáticos mediante equipos interdisciplinarios, publicó Infobae.
Finalmente, en cuanto a los menores que sigan siendo considerados inimputables (menores de 14 años), el texto dispone que la justicia debe investigar el hecho para determinar la verdad, pero las medidas que se apliquen serán curativas o protectoras bajo la órbita de la justicia civil. La ley también impone la capacitación obligatoria y la especialización de todos los actores del sistema: jueces, fiscales y defensores.
Con esta aprobación, Argentina inicia un camino de transformación profunda en su justicia criminal, cuyo éxito dependerá, en última instancia, de la implementación real en cada una de las provincias.
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