27 Ago, 2026, 13:57 PM
El Ejecutivo oficializó la declaración del Estado de Emergencia Hídrica en todo el territorio provincial por un plazo de 180 días corridos. La medida, dispuesta mediante el Decreto N° 2660-E-GER-GOB que fue publicada en el Boletín Oficial Nº 28.404, busca anticiparse a las consecuencias que podría generar la intensificación del fenómeno climático "El Niño" en los próximos meses.
La decisión se sustentó en un Informe Técnico de Riesgo Hídrico elaborado por la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, el cual advierte sobre un escenario con alta probabilidad de crecidas en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, además de lluvias copiosas y saturación de suelos.
De acuerdo con el texto oficial, la provincia busca tomar una postura activa frente a los modelos climáticos proyectados: "La circunstancia de que el fenómeno hidrometeorológico proyectado aún no haya producido escenarios de desastres, no impide reconocer la existencia actual de una situación extraordinaria de emergencia que exige una intervención estatal anticipada".
El decreto remarca la vulnerabilidad de la geografía entrerriana debido a sus ríos, humedales y cuencas interiores. Por ello, la normativa habilita a los distintos ministerios a encarar trabajos prioritarios como la limpieza de canales, reparación de defensas costeras, puesta a punto de estaciones de bombeo y estabilización de caminos.
En materia económica y de contrataciones, el Ejecutivo provincial aclaró los marcos normativos vigentes para el uso de fondos públicos en el marco de la contingencia: "La declaración de emergencia no constituye por sí misma una fuente autónoma de potestades para apartarse de los procedimientos ordinarios de contratación (...). Las contrataciones que se realicen deberán ajustarse a las disposiciones de la Ley N° 5140 y, tratándose de obras públicas, a la Ley N° 6351".
Finalmente, el decreto invita a los municipios y gobiernos locales a coordinar acciones preventivas e insta a las distintas jurisdicciones provinciales a realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias para resguardar la infraestructura crítica y los servicios esenciales de la comunidad. (APFDigital)
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