5 Sep, 2026, 19:25 PM
Los tres fueron detenidos después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firmes las condenas dictadas en la denominada Megacausa por delitos de corrupción.
El exgobernador de Entre Ríos comienza así a cumplir una condena firme de ocho años de prisión, mientras que Aguilera, su cuñado, y Báez, exministro de Cultura y Comunicación, recibieron penas de seis años y seis meses cada uno.
Báez había sido el primero en ingresar a la Alcaidía de Paraná durante la noche del viernes, alrededor de las 21:40, trasladado en un vehículo penitenciario. Posteriormente llegó Aguilera, mientras que Urribarri arribó cerca de las 2 de la madrugada desde Concordia, donde se encontraba en su domicilio.
Durante la madrugada, los tres permanecieron separados del resto de las personas detenidas en la Alcaidía. Finalmente, durante la mañana del sábado fueron trasladados a la Unidad Penal N.º 1 de la capital entrerriana.
En una primera etapa permanecerán en el sector de Admisión, donde deberán atravesar los controles y revisaciones médicas correspondientes al ingreso al sistema penitenciario. Posteriormente serían derivados al denominado Pabellón de Seguridad.
Ese sector de la UP1 aloja, entre otros, a exintegrantes de fuerzas policiales, penitenciarias, militares y otras fuerzas de seguridad que se encuentran detenidos o cumplen condenas por diferentes delitos. Según la información conocida, actualmente alberga alrededor de 40 internos y se encuentra prácticamente al límite de su capacidad.
La definición sobre dónde serían alojados había sido uno de los aspectos analizados durante las horas previas al traslado. El sector especial que anteriormente era utilizado para internos con determinadas características ya no funciona como tal debido a que se encuentra en refacciones y estaría destinado a Enfermería.
Por ese motivo, se evaluaron diferentes alternativas, entre ellas mantener a los tres condenados en el Pabellón de Seguridad o trasladarlos a otra cárcel. Incluso se había mencionado la posibilidad de que fueran derivados a la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú. Sin embargo, por el momento permanecerán en Paraná.
La detención de Urribarri, Aguilera y Báez se concretó luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos extraordinarios presentados por sus defensas y dejara firme la sentencia de la Justicia entrerriana. Ante esa situación, el Ministerio Público Fiscal había solicitado la detención inmediata de los tres condenados.
Con el ingreso a la UP1 comienza ahora una nueva instancia judicial, vinculada a la forma en que deberán cumplir las penas. Uno de los principales puntos estará centrado en la situación de Urribarri, cuya defensa ya solicitó que pueda acceder a la prisión domiciliaria por razones relacionadas con su estado de salud.
Los abogados del exgobernador presentaron documentación médica en la que se consignaría que atraviesa un cuadro de trastorno de estrés postraumático. A partir de esa situación, solicitaron que la condena pueda ser cumplida en su domicilio, bajo control y con asistencia permanente de familiares y médicos de cabecera.
La discusión tendrá como referencia el artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la Ley 24.660, que contemplan diferentes circunstancias en las que una persona condenada puede cumplir la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, entre ellas determinados supuestos relacionados con enfermedades, discapacidad y edad avanzada.
Sin embargo, el cumplimiento de alguna de esas condiciones no implica que la prisión domiciliaria sea concedida automáticamente, sino que corresponde a la Justicia analizar cada situación particular y determinar si se encuentran reunidos los requisitos.
Otro aspecto que podría adquirir relevancia más adelante es la edad del exmandatario. Urribarri cumplirá 68 años el próximo 7 de octubre y se encuentra, por lo tanto, a dos años de alcanzar los 70, edad contemplada expresamente por la legislación entre los supuestos que permiten analizar el acceso a una prisión domiciliaria. De todos modos, aun cuando alcance esa edad, la concesión tampoco será automática.
La decisión sobre los planteos de las defensas quedará ahora en manos de la jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad Cecilia Bértora, con competencia en Paraná. Será la magistrada quien deberá analizar los informes médicos, las condiciones personales de los condenados y los requisitos establecidos por la legislación.
De esta manera, con las condenas firmes y los tres ya alojados en la Unidad Penal N.º 1, comienza una nueva etapa del proceso. En el caso de Urribarri, la Justicia de Ejecución deberá determinar si continuará cumpliendo su condena de ocho años en prisión efectiva o si corresponde otorgarle una modalidad de cumplimiento domiciliario.
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