Millones, poder y una ley que debería ser igual para todos. Contratos truchos en Entre Ríos, el caso Insaurralde-Cirio y la investigación patrimonial sobre Manuel Adorni vuelven a poner sobre la mesa una pregunta, ¿la igualdad ante la ley funciona realmente cuando los investigados pertenecen al poder? Permítanme recontra DUDAR. Por eso si hay alguien que tiene todo en orden es el chiqui Tapia, y la AFA.

Hay una palabra que quizás resulte incómoda.

Pero también hay momentos en los que la incomodidad es necesaria.

Nosotros, los boludos.

Los que pagamos impuestos, justificamos nuestros ingresos, cumplimos con nuestras obligaciones y vemos cómo, cada tanto, aparece un nuevo escándalo de millones, contratos, bolsos, yates, patrimonios y billeteras virtuales.

Y entonces vuelve la misma pregunta:

 

¿Dónde queda la igualdad ante la ley?

 

UNA DÉCADA Y MÁS DE 53 MILLONES DE DÓLARES

 

En Entre Ríos, la causa de los denominados “contratos truchos” de la Legislatura investiga un mecanismo que, según la acusación, habría permitido desviar más de 53 millones de dólares entre 2008 y 2018, mediante contrataciones que no habrían respondido a prestaciones reales.

 

Una década.

 

Más de 53 millones de dólares.

 

Cientos de contratos.

 

Y una pregunta inevitable:

 

¿Cómo pudo funcionar durante tantos años un mecanismo de semejante magnitud sin que los controles del Estado lo detectaran antes?

 

La pregunta excede a los tribunales. Es también institucional y ciudadana.

 

Porque detrás de esos números hay recursos públicos.

 

Dinero que debía ser administrado en beneficio de todos.

 

EL CIUDADANO SIEMPRE PAGA

 

El ciudadano común no tiene demasiadas alternativas.

 

Paga cuando compra alimentos.

 

Paga cuando carga combustible.

 

Paga cuando trabaja.

 

Paga cuando consume.

 

Paga cuando compra.

 

Y cuando el Estado necesita más recursos, vuelve a mirar hacia el mismo lugar:

 

El bolsillo del ciudadano.

 

Por eso, frente a cada gran escándalo, aparece una pregunta que parece una broma pero expresa una enorme frustración:

 

¿Dónde se hace el trámite para que nos devuelvan la plata de los impuestos?

 

¿Hay que sacar turno?

 

¿Presentar un formulario?

 

¿Pasar un alias?

 

Porque si alguna vez abren una ventanilla para recuperar la plata perdida por la corrupción, seguramente tendrá que trabajar las 24 horas.

INSAURRALDE: DEL YATE A LOS TRIBUNALES

 

Las imágenes de Martín Insaurralde y su viaje en yate por el Mediterráneo, difundidas en 2023, provocaron un enorme impacto político y social y derivaron en investigaciones sobre su patrimonio y el de Jésica Cirio.

 

El expediente continúa.

 

En septiembre de 2026 se ordenaron nuevas medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, incluyendo pedidos de información a Uruguay y análisis de teléfonos.

 

Un peritaje patrimonial también puso bajo análisis la correspondencia entre determinados gastos atribuidos a Insaurralde y sus ingresos declarados.

 

Todo deberá ser probado.

 

Una investigación no equivale a una condena.

 

Pero sí existe un derecho ciudadano a que la investigación avance y a que las explicaciones sean sometidas a prueba.

 

DE LOS BOLSOS A LAS BILLETERAS VIRTUALES

 

Los bolsos con dinero de José López forman parte de la memoria argentina.

 

Las imágenes del caso Insaurralde-Cirio forman parte de otra.

 

Ahora aparecen las criptomonedas y las billeteras digitales.

 

Son casos diferentes y no corresponde mezclarlos.

 

Pero hay una pregunta que atraviesa a todos:

 

¿De dónde salió el dinero?

 

La respuesta debe surgir de documentos, pericias y decisiones judiciales, no de simpatías políticas.

 

ADORNI DESLOMADO Y LAS OCHO BILLETERAS

 

La investigación sobre Manuel Adorni agrega otro capítulo.

 

El 2 de octubre, su defensa participó del peritaje de ocho billeteras virtuales que, según la explicación presentada ante la Justicia, estarían vinculadas con operaciones de bitcoin que le habrían permitido obtener aproximadamente US$591.544 antes de su ingreso a la función pública.

 

La Justicia busca verificar si esas billeteras estaban efectivamente bajo su control y si la explicación patrimonial presentada resulta compatible con las pruebas.

 

También se investigan ingresos históricos y movimientos patrimoniales.

 

Aquí también corresponde esperar el resultado de la investigación.

 

Pero investigar no es condenar.

 

Y tampoco investigar significa mirar para otro lado.

 

TRES CASOS, UNA MISMA EXIGENCIA

 

Entre Ríos.

 

Insaurralde.

 

Adorni.

 

Tres situaciones diferentes.

 

Tres investigaciones diferentes.

 

Pero una exigencia común:

 

Que el Estado controle, que la Justicia investigue y que las explicaciones puedan ser verificadas, sin importar el apellido ni el poder del investigado.

 

Ese debería ser el estándar.

 

EL SILENCIO TAMBIÉN ES UN PROBLEMA

 

Hay otro aspecto que no debería pasar inadvertido: el silencio político.

 

Demasiadas veces la indignación aparece cuando el investigado pertenece al espacio contrario y desaparece cuando pertenece al propio.

 

Así, la corrupción termina convertida en una herramienta de la pelea partidaria.

 

Y eso es un error.

 

La defensa de la República no puede depender de quién está sentado en el banquillo.

 

La corrupción no debería tener partido político.

 

Tampoco debería tener una justicia para amigos y otra para adversarios.

 

¿QUIÉN CONTROLA A LOS QUE CONTROLAN?

 

La pregunta ya no es solamente cuánto dinero desapareció.

 

Es otra:

 

¿Quién controla a quienes administran el dinero público?

 

Y una más profunda:

 

¿La igualdad ante la ley funciona realmente para todos?

 

El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes son iguales ante la ley.

 

Pero una República no se mide solamente por lo que está escrito.

 

Se mide por lo que ocurre cuando esa norma debe aplicarse frente al poder.

 

EL ARTÍCULO 16: DE LAS AULAS A LA REALIDAD

 

Hay algo que recuerdo especialmente de mis años en la Facultad de Derecho.

 

Mis profesores nos enseñaban el artículo 16 de la Constitución Nacional.

 

En aquel momento podía parecer una norma más dentro del programa de Derecho Constitucional.

 

Con los años entendí que nos estaban enseñando algo mucho más profundo.

 

La igualdad ante la ley no es una frase para aprobar un examen. Es una condición indispensable de la República.

 

La ley debe ser igual para todos.

 

Y justamente por eso, cuando aparecen los contratos truchos de Entre Ríos, las investigaciones sobre el patrimonio de Insaurralde o las medidas de prueba vinculadas al patrimonio de Adorni, aquellas enseñanzas vuelven a mi memoria.

 

Porque la igualdad se pone a prueba cuando el investigado tiene poder.

 

Es fácil reclamar justicia para el adversario.

 

Lo difícil es reclamarla cuando el investigado pertenece al poder de turno.

 

Ahí está la verdadera prueba de nuestras convicciones.

 

Si alguien es inocente, debe ser declarado inocente.

 

Si alguien es responsable, deberá responder ante la Justicia.

 

Pero ninguna de esas respuestas puede depender de nuestras simpatías políticas.

 

Porque la República no funciona según nuestros afectos.

 

Funciona según las reglas.

 

EL VERDADERO ESCÁNDALO

 

Quizás el verdadero escándalo no sean solamente los millones.

 

Ni los bolsos.

 

Ni los yates.

 

Ni los placares.

 

Ni las criptomonedas.

 

El verdadero escándalo sería que después de todo esto no aprendamos nada.

 

Que cada caso se convierta en una pelea partidaria.

 

Que los controles sigan fallando.

 

Que las causas se eternicen.

 

Que el ciudadano siga pagando.

 

Y que terminemos aceptando como inevitable aquello que nunca debería ser normal.

 

Porque una sociedad puede sobrevivir a un escándalo.

 

Lo que resulta mucho más peligroso es acostumbrarse a ellos.

 

Y AQUÍ VUELVO A MIS PROFESORES

 

Después de algunos años, entiendo mejor aquella enseñanza que recibía en las aulas.

 

El artículo 16 no estaba allí para decorar la Constitución.

 

Estaba allí para recordarnos que el poder también tiene límites.

 

Que quien administra dinero público debe poder explicar cómo lo administra.

 

Que quien ocupa una función pública debe poder explicar su patrimonio cuando existen razones objetivas para investigarlo.

 

Y que la Justicia debe ser capaz de investigar al poderoso con la misma decisión con la que investigaría a cualquier ciudadano.

 

Eso es igualdad ante la ley.

 

No perseguir al enemigo.

 

No proteger al amigo.

 

Aplicar la misma regla.

 

Por eso, cuando miro lo ocurrido en Entre Ríos, cuando veo las imágenes que rodearon al caso Insaurralde y cuando observo una investigación como la que hoy involucra a Adorni, no pienso solamente en los millones.

 

Pienso en aquellas clases de Derecho.

 

Pienso en lo que nos enseñaban.

 

Y pienso en nosotros.

 

Nosotros, los que pagamos.

 

Los que cumplimos.

 

Los que esperamos.

 

Los que confiamos.

 

Los que seguimos creyendo que la República es algo más que una palabra.

 

Porque al final, la discusión no es solamente cuánto dinero se perdió.

 

La discusión es qué país queremos dejar.

 

Uno donde el ciudadano tenga que agachar la cabeza frente al poder.

 

O uno donde el poder tenga que agachar la cabeza frente a la ley.

 

Y ahí está, quizás, la verdadera enseñanza del artículo 16.

 

No dice que algunos son más iguales que otros.

 

Dice que todos somos iguales ante la ley.

 

Y si alguna vez conseguimos que esa frase deje de ser una enseñanza universitaria para convertirse en una realidad cotidiana, habremos dado un paso enorme.

 

Mientras tanto, queda una pregunta que no necesita partido político, ideología ni candidato para ser formulada:

 

SI LA PLATA ES DE TODOS, ¿POR QUÉ LA LEY NO HABRÍA DE SERLO TAMBIÉN?

 

 

*Ariel Heidenreich, abogado