Parques eólicos, FMI, Arribas, peajes, Correo Argentino y Teknofood en Entre Ríos. Cuando los expedientes rozan al PRO y al macrismo, la vara con la que se mide la corrupción parece cambiar de tamaño.

 

Hay una frase que se repite cada vez que aparece un nuevo escándalo político:

“Que investigue la Justicia”.

 

Y está bien.

 

La Justicia debe investigar.

 

El problema es que esa prudencia no siempre aparece.

 

Depende de quién esté sentado del otro lado.

 

Cuando la sospecha alcanza al adversario político, muchas veces alcanza una denuncia para dictar sentencia social.

 

Cuando alcanza a los propios, inmediatamente aparecen la presunción de inocencia, los tecnicismos procesales, las prescripciones, los archivos y las explicaciones.

 

Por eso conviene hacer un ejercicio sencillo: usar siempre la misma vara.´

 

Porque si vamos a hablar de corrupción, negocios con el Estado, empresarios amigos, funcionarios, familiares del poder y millones de dólares, tenemos que mirar para todos lados.

 

Y hoy toca mirar hacia el PRO y el macrismo.

 

No para afirmar delitos que la Justicia no haya probado.

 

Sino para recordar hechos, investigaciones y negocios públicos que también merecen preguntas.

 

Y entonces aparece inevitablemente una: ¿Nosotros seguimos siendo los boludos?

 

LOS PARQUES EÓLICOS Y EL MILAGRO DE LOS NEGOCIOS

 

Empecemos por los parques eólicos.

 

Porque hay negocios que llevan años de trabajo.

 

Hay empresarios que arriesgan capital.

 

Hay proyectos que necesitan décadas.

 

Y después están los negocios argentinos.

 

La causa conocida como “Parques Eólicos” se inició a partir de una denuncia por operaciones vinculadas con seis proyectos que habían sido adjudicados a Isolux y que luego pasaron por sociedades relacionadas con integrantes de la familia Macri, para finalmente ser revendidos con ganancias millonarias.

 

El expediente investigó las operaciones realizadas alrededor de esos proyectos y las ganancias obtenidas en un período relativamente corto.

 

Comprar, Esperar, Vender.

 

Millones.

 

Qué extraordinaria capacidad empresarial.

 

Uno se pregunta por qué al ciudadano común nunca le aparecen semejantes oportunidades.

 

Nosotros sacamos un crédito para comprar un auto y terminamos pagando dos.

 

 

Otros participan de operaciones relacionadas con activos sujetos a decisiones estatales y aparecen ganancias millonarias. Talento. Seguramente talento.

 

Pero como hablamos de concesiones, decisiones públicas y personas cercanas al poder, las preguntas son inevitables.

 

¿Hubo información privilegiada?

 

¿Existieron ventajas derivadas de la cercanía con el Gobierno?

 

¿El Estado actuó con la misma rigurosidad con la que habría actuado frente a cualquier empresario?

 

Eso es lo que corresponde investigar.

 

Porque investigar no es condenar.

 

Pero tampoco investigar significa mirar para otro lado.

 

57.100 MILLONES DE DÓLARES: EL FMI

 

Y llegamos al Fondo Monetario Internacional.

 

En 2018 el gobierno de Mauricio Macri acordó con el FMI un programa que terminó alcanzando los US$57.100 millones.

 

Cincuenta y siete mil cien millones de dólares.

 

Es difícil imaginar esa cantidad de dinero.

 

Pero es bastante fácil comprender quién termina pagando una deuda pública.

 

Nosotros.

 

Los mismos.

 

Los contribuyentes.

 

Los que trabajamos.

 

Los que consumimos.

 

Los que pagamos impuestos.

 

La Justicia investigó penalmente las circunstancias de aquel acuerdo.

 

En septiembre de 2026, la Cámara Federal confirmó el archivo de la causa al considerar que no se habían probado delitos y que se trataba de una decisión política. La decisión fue apelada por el fiscal José Agüero Iturbe, que pidió que Casación la revise.

 

Entonces hay que decir ambas cosas.

 

La causa fue archivada.

 

Y ese archivo fue recurrido.

 

Porque acá no se trata de inventar condenas.

 

Se trata de hacer preguntas.

 

¿Quién decidió?

 

¿Cómo se decidió?

 

¿Quién controló?

 

¿Con qué planificación se asumió semejante compromiso?

 

¿Qué responsabilidad política existe cuando un país toma una deuda de esa magnitud?

 

Porque parece que cuando una familia debe diez cuotas del auto, tiene un problema financiero.

 

Cuando un Estado compromete decenas de miles de millones de dólares, debemos aceptar que fue simplemente una “decisión política”.

Será.

 

Pero la deuda no fue imaginaria.

 

La pagamos nosotros.

 

ARRIBAS: CUANDO EL JEFE DE INTELIGENCIA TERMINA EXPLICANDO TRANSFERENCIAS

 

Gustavo Arribas no era un funcionario cualquiera.

 

Era el director de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri.

 

La Fiscalía pidió investigarlo a partir de información sobre transferencias realizadas por Leonardo Meirelles, operador financiero vinculado al esquema Odebrecht.

 

Arribas reconoció haber recibido una transferencia por US$70.500, aunque sostuvo que correspondía a una operación privada legítima.

 

Y acá hay que contar el final.

 

Arribas fue sobreseído y el expediente terminó cerrado.

 

Así funciona la presunción de inocencia.

 

Y así debe funcionar.

 

Pero entonces usemos siempre la misma vara.

 

Porque cuando un expediente alcanza al adversario, una imputación parece convertirse automáticamente en sentencia.

 

Cuando alcanza a alguien propio, descubrimos rápidamente la presunción de inocencia.

 

Curioso.

 

La Constitución era la misma.

LOS PEAJES

 

También estuvieron los peajes.

 

Durante años la Justicia investigó la renegociación de las concesiones de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste durante el gobierno de Macri.

 

El tema resultaba particularmente sensible por la historia de Socma y Autopistas del Sol y por las decisiones adoptadas por el Estado durante aquella administración.

 

A comienzos de 2026 hubo procesamientos de exfuncionarios.

 

Posteriormente, los sobreseimientos de Guillermo Dietrich, Javier Iguacel, Bernardo Saravia Frías y Ricardo Stoddart quedaron firmes tras declararse prescripta la acción penal.

 

Otra vez: la causa terminó sin condenas.

 

Debe decirse.

 

Pero también debe decirse que existió.

 

Que durante años se discutió judicialmente cómo había negociado el Estado con concesionarios privados.

 

Y que cuando hablamos de administración pública no debería interesarnos solamente contar condenas.

 

También debería preocuparnos algo anterior: cómo se administran los conflictos de interés.

 

Porque una República seria no espera a que alguien vaya preso para preguntarse si una decisión fue ética, conveniente o transparente.

 

Y EL CORREO, ¿NO LO ÍBAMOS A NOMBRAR?

 

Sería bastante curioso hablar de negocios y macrismo sin mencionar al Correo Argentino.

 

La empresa de la familia Macri obtuvo la concesión postal en 1997.

 

Cuando ingresó en concurso en 2001 mantenía con el Estado una importante deuda por el canon de la concesión.

 

Años después, ya con Mauricio Macri en la Presidencia, el acuerdo entre el Estado y la empresa familiar fue fuertemente cuestionado.

 

La fiscal Gabriela Boquín consideró que la propuesta resultaba perjudicial para los intereses estatales y el conflicto derivó en extensos procesos comerciales y judiciales.

 

¿Hay que aclararlo?

 

Sí.

 

No existe una condena penal contra Mauricio Macri por haberse “robado el Correo”.

 

Pero el conflicto de intereses es imposible de ignorar: un Gobierno negociando con una empresa perteneciente a la familia del Presidente.

 

¿De verdad alguien cree que si eso hubiera ocurrido con otro apellido no habría ocupado tapas, editoriales y horas de televisión durante meses?

 

 

ENTRE RÍOS: AHORA TEKNOFOOD

Y como somos entrerrianos, llegamos a nuestro capítulo local. Teknofood.

 

El gobierno de Rogelio Frigerio decidió modificar el sistema de desayunos y meriendas escolares y centralizar la adquisición de alimentos mediante una licitación adjudicada a Teknofood S.A.

 

Según la documentación difundida durante el litigio, el Decreto 1983/2026 fijó para la adjudicación un importe máximo estimado de $101.726.784.000 para los ciclos 2026 y 2027, bajo el sistema de orden de compra abierta.

 

Más de cien mil millones de pesos.

 

Para alimentar chicos.

 

No es un tema menor.

 

La contratación generó pedidos de acceso a la información pública, cuestionamientos y actuaciones judiciales.

 

En septiembre, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió que el Estado no podía limitarse simplemente a retirar productos con sellos de advertencia, sino que debía garantizar además una alimentación saludable y adecuada en las escuelas.

 

¿Eso significa que Frigerio robó cien mil millones?

 

No.

 

No hay sentencia que diga semejante cosa.

 

Y no corresponde afirmarlo.

 

Pero cien mil millones de pesos de dinero público justifican todas las preguntas.

 

¿Por qué centralizar?

 

¿Por qué esa empresa?

 

¿Cómo se determinaron los precios?

 

¿Quién controla las cantidades efectivamente entregadas?

 

¿Qué parámetros se utilizaron para comparar costos?

 

¿Qué controles existen sobre la calidad de los productos?

 

¿Por qué fue necesario recurrir a la Justicia para discutir aspectos vinculados con la alimentación que reciben los chicos?

 

Eso también es control ciudadano O de LA CORRUPCIÓN CON CAMISETA

 

Quizás nuestro problema sea todavía más profundo.

 

No solamente discutimos corrupción. Discutimos corrupción con camiseta. Si el acusado pertenece al espacio político contrario: “chorro”. Si pertenece al propio: “hay que esperar a la Justicia”.

 

Si la causa se archiva: “era una operación”. Si prescribe: “quedó demostrado que no había nada”. Si tarda quince años: nadie se acuerda.

 

Y así funciona buena parte de la memoria política argentina. Selectiva, Cómoda,P artidaria.

 

Por eso el debate no debería ser Macri contra Cristina.

 

PRO contra peronismo.

 

Oficialismo contra oposición.

 

La verdadera discusión debería ser otra: qué hacemos con el dinero público y qué controles estamos dispuestos a exigir, gobierne quien gobierne.

 

NOSOTROS, OTRA VEZ

 

Mientras tanto estamos nosotros.

 

Los que pagamos IVA.

 

Ganancias,Combustibles, Servicios, Patentes, Tasas.

 

Impuestos nacionales, provinciales y municipales.

 

Los que presentamos papeles.

 

Los que justificamos transferencias.

 

Los que debemos explicar de dónde salieron nuestros ingresos.

 

Los que si debemos tres cuotas recibimos una intimación.

 

Y después prendemos la televisión y descubrimos negocios de millones de dólares, concesiones, obras eternas, empresas vinculadas con familias del poder, contratos de cien mil millones y expedientes capaces de sobrevivir a tres gobiernos.

 

Entonces quedan dos preguntas.

 

¿Quién controla a los que controlan?

 

Y quizás una todavía más importante: ¿por qué nuestra indignación depende tanto del color político del acusado?

Porque si nos indigna el dinero público sospechado cuando gobierna el adversario, pero encontramos veinte explicaciones cuando el expediente alcanza a alguien que votamos, entonces no estamos defendiendo la República.

 

Estamos defendiendo una camiseta.

 

Y mientras discutimos si el cuestionado es de los nuestros o de ellos, hay alguien que siempre termina poniendo la plata nosotros.

Sí, Nosotros, los boludos.

 

*Emiliano Zapata.