La resolución se enmarca en el amparo presentado por los legisladores nacionales del peronismo Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay.

El juez federal de Victoria, Federico Martín, admitió formalmente la acción y los organismos demandados (el Ministerio de Economía de la Nación y la Dirección Nacional de Vialidad) fueron notificados la semana pasada y desde entonces corren tres días para que presenten su informe en el expediente "Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986" (N° 12957/2026).

Bahl, Michel y Marclay sostienen que los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que se financian con el impuesto a los combustibles, tienen afectación específica por ley y solo pueden destinarse a la infraestructura vial. Según el amparo, retenerlos en instrumentos financieros para mejorar el resultado fiscal desvirtúa ese destino legal. Por eso piden que se reactiven las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en la provincia (las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174, entre otras) y que los recursos se apliquen al fin que fija la ley.

Según el relevamiento que sustenta el reclamo, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SISVIAL, a nivel nacional, más de $1,5 billones y solo se aplicaron a obras unos $394.406 millones: tres de cada cuatro pesos no llegaron a las rutas. Al 31 de mayo, más de $1 billón estaba colocado en títulos públicos y plazos fijos, y el gobierno nacional admitió que esos recursos se computan para sostener el equilibrio fiscal.

En paralelo, el 7 de octubre Nación concesionó por 20 años 276 kilómetros de rutas entrerrianas: el tramo de la RN 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y el de la RN 12 entre Crespo y Paraná. La concesión no explica qué pasó con los fondos acumulados en los últimos dos años ni resuelve el estado del resto de la red.