El gobierno de Entre Ríos puso en marcha un nuevo sistema de provisión de alimentos para los comedores escolares, una medida que —según argumenta la administración provincial— busca dejar atrás un modelo vigente durante más de dos décadas al que califica de haber tenido "irregularidades, desigualdades y escasos controles". Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la reforma garantizará igualdad en la calidad nutricional, fortalecerá la fiscalización de los recursos públicos y liberará a las escuelas de tareas administrativas.
De acuerdo con la versión oficial, el esquema comenzó a diseñarse hace casi dos años tras una revisión interna con la que la actual gestión asegura haber detectado importantes diferencias entre escuelas en la calidad de los alimentos, dispersión de precios para productos similares, dificultades para ejercer controles homogéneos y una sobrecarga sobre directivos y docentes.
Un proceso licitatorio y los argumentos sobre la adjudicación
Desde el Ejecutivo detallaron que el expediente se inició en agosto de 2025 y la licitación pública se autorizó en abril de 2026. En el proceso participaron dos empresas: una fue desestimada por incumplimientos administrativos y documentales previstos en los pliegos, mientras que la restante cumplió con la totalidad de los requisitos. El gobierno remarcó que la adjudicación —realizada bajo la licitación N 02/26— se basó estrictamente en criterios técnicos y no en el lugar de radicación de la firma.
Asimismo, ante cuestionamientos o dudas sobre los montos, la administración provincial aclaró que la contratación se realizó bajo la modalidad de "Orden de Compra Abierta", un mecanismo legal que establece un tope máximo estimado de abastecimiento. Según explicaron desde el Ejecutivo, la cifra informada no representa un gasto ejecutado ni comprometido en su totalidad, sino un límite cuya ejecución dependerá exclusivamente del consumo real durante los ciclos lectivos.
Qué cambia, según la óptica oficial
Para el Gobierno provincial, las principales ventajas del nuevo esquema se centran en:
Centralización: El Estado provincial centralizará la provisión, logística y distribución de alimentos no perecederos para desayunos y meriendas. Trazabilidad y calidad: Argumentan que se unificarán los estándares nutricionales en todo el territorio provincial y se podrá seguir el rastro de los productos desde su origen hasta las escuelas. Alivio administrativo: Sostienen que se liberará a las instituciones educativas de las gestiones de compra y relación con proveedores.
Denuncias y críticas al sistema anterior
Uno de los ejes discursivos más fuertes del Ejecutivo apunta a cuestionar el modelo heredado. Desde la administración provincial aseguran que el incremento de auditorías permitió detectar irregularidades que derivaron en 10 denuncias penales en distintas localidades, además de sumarios administrativos.
Al respecto, Lautaro Azzalini, director general de comedores escolares, defendió la medida con contundencia:
"Así sea una sola denuncia o un solo desvío de fondos públicos, este Gobierno no lo va a permitir. Durante muchos años se consolidó un sistema con debilidades en los controles, demasiadas intermediaciones y situaciones que nunca se revisaban porque cualquier intento de modificarlo era presentado como un ataque a la escuela o a la alimentación de los chicos. Nuestra responsabilidad es exactamente la contraria: cuidar los recursos públicos para garantizar una mejor alimentación".
La apuesta nutricional
Por último, desde el gobierno provincial ponderaron los atributos técnicos de la empresa adjudicataria, especializada en alimentos fortificados. Según la información oficial brindada por el Ejecutivo, los nuevos productos aportarán los requerimientos diarios de vitaminas y minerales, mantendrán un perfil de grasas saludables y estarán libres de conservantes y colorantes, cumpliendo con las especificaciones exigidas en los pliegos oficiales.