Los trabajadores y trabajadoras de la educación señalan que el gobierno provincial “desconoce la negociación colectiva, la voluntad de las y los trabajadores y lo resuelto democráticamente en cientos de asambleas escolares, en las que definen miles de docentes”, y calificaron la oferta salarial como "insuficiente y distorsiva".
El texto completo:
Desde el Frente Sindical Docente expresamos nuestro más enérgico rechazo a la decisión del Gobierno provincial de imponer una vez más, por decreto, una definición salarial que desconoce…
Desde el Frente Sindical Docente expresamos nuestro más enérgico rechazo a la decisión del Gobierno provincial de imponer una vez más, por decreto, una definición salarial que desconoce la negociación colectiva, la voluntad de las y los trabajadores y lo resuelto democráticamente en cientos de asambleas escolares, en las que definen miles de docentes, sean afiliados o no a algún sindicato. En ese espacio de deliberación colectiva es donde nuestras compañeras/os tomaron la definición de RECHAZAR la oferta salarial por insuficiente y distorsiva, y por contener montos en negro, desfinanciando la CJyPER y la OBRA SOCIAL. Además, debemos ser claros en este punto: los jubilados van a recibir la cuarta parte de lo que percibirán los activos.
La absoluta responsabilidad política de este conflicto es del gobernador Rogelio Frigerio. También son responsables las y los legisladores que, con su decisión de modificar la Ley 8732, comprometieron los haberes de miles de jubiladas y jubilados, condenándolos a ser cada vez más pobres.
Repudiamos, asimismo, el millonario gasto en pautas publicitarias destinado a una operación mediática para denostar las decisiones colectivas de la docencia y deslegitimar la organización sindical. Ninguna campaña de propaganda puede ocultar la realidad de los salarios ni reemplazar la discusión democrática. Ninguna red social es parámetro de lo que nos pasa cuando no podemos pagar la luz, el alquiler, vestirnos y algo tan elemental como comer.
Rechazamos categóricamente cualquier intento de imponer el pago de salarios mediante mecanismos inconstitucionales, que vulneren derechos conquistados y desconozcan las garantías laborales y previsionales vigentes.
La discusión salarial no se resuelve con decretos, propaganda, ni operaciones de desprestigio; se resuelve con diálogo genuino, negociación paritaria y una propuesta que garantice una recomposición real del poder adquisitivo. Luego de tres años de gestión anuncian que dentro de 60 días van a comenzar a charlar cómo hacerlo, mientras tanto profundizan aún más la brecha entre lo que un trabajador debería cobrar para vivir y lo que realmente cobra.
La docencia ya habló. Lo hizo en las asambleas y en el congreso, con participación y democracia. El Gobierno debe escuchar y asumir la responsabilidad de dar respuestas.
Defender el salario es defender el trabajo, la escuela pública y los derechos de quienes enseñan y de quienes ya han dedicado su vida a la educación.