A poco de cumplirse un mes de los allanamientos de Gendarmería y del pase a disponibilidad de dos funcionarios, la UP9 suma un nuevo episodio crítico: la fuga de un interno. Aníbal Miotti, director general del Servicio Penitenciario, admitió “negligencias” y reconoció que los controles fueron burlados.

Con celulares incautados, una investigación sumaria en curso y la seguridad nuevamente cuestionada, la pregunta es inevitable: ¿quién responde por las fallas y qué medidas se tomaron sobre la conducción de Lucas Dufour.

La Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú, conocida como la Colonia Penal El Potrero, atraviesa una sucesión de episodios que ponen en discusión la eficacia de sus controles de seguridad y la capacidad de supervisión de las autoridades penitenciarias. Una investigación judicial vinculada con teléfonos celulares, dos funcionarios pasados a disponibilidad, allanamientos de Gendarmería Nacional, el reconocimiento oficial de negligencias y la reciente fuga de un interno conforman un escenario que exige respuestas concretas.

La situación adquirió una nueva dimensión,el viernes 23 de octubre, cuando el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Aníbal Miotti, habló en RADIO MÁXIMA sobre los procedimientos realizados en la UP9 y reconoció públicamente que hubo fallas en los mecanismos de seguridad.

“Nosotros no vamos a encubrir estas situaciones”, aseguró el funcionario, quien confirmó que existe una investigación sumaria en curso y sostuvo que los controles fueron burlados.

Sus declaraciones llegaron después de una serie de actuaciones administrativas y judiciales que habían puesto bajo observación el funcionamiento de la unidad. A ese escenario se sumó la evasión de un interno que, según la información disponible, habría logrado abandonar el establecimiento tras atravesar el sector de guardia y mezclarse entre las personas que se retiraban después de las visitas. Fue recapturado minutos después.

La sucesión de hechos plantea una pregunta central: ¿qué medidas adoptó el Servicio Penitenciario para corregir las fallas detectadas y evitar que vuelvan a producirse episodios que comprometan la seguridad de la UP9?

Teléfonos celulares, investigación judicial y dos funcionarios apartados

La secuencia tiene como uno de sus puntos de partida la investigación judicial vinculada con Leonardo Airaldi, condenado por narcotráfico, y las actuaciones relacionadas con escuchas que involucrarían a funcionarios penitenciarios.

En ese contexto, se investigaron irregularidades relacionadas con la presencia y el ingreso de teléfonos celulares dentro de la UP9. Como consecuencia de las actuaciones, dos funcionarios fueron pasados a disponibilidad.

Uno de ellos es un cabo primero que se desempeñaba como celador, con contacto cotidiano y directo con la población penal. El otro es un oficial que había ocupado la jefatura de Seguridad Interna y que, al momento de adoptarse las medidas administrativas, cumplía funciones en el área de Tratamiento Correccional.

El pase a disponibilidad constituye una medida administrativa y no implica, por sí mismo, una declaración de culpabilidad. Las eventuales responsabilidades deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, las medidas marcaron el comienzo de una etapa de mayor atención sobre los controles internos de la unidad y sobre el funcionamiento de las áreas involucradas.

Aproximadamente un mes después de conocerse las disponibilidades, todavía resulta necesario conocer cuál es la situación actual de los agentes, qué avances registró la causa judicial y si se adoptaron nuevas decisiones administrativas.

Gendarmería allanó Tratamiento Correccional

Posteriormente, Gendarmería Nacional realizó un allanamiento en la Oficina de Tratamiento Correccional de la UP9, por orden judicial. En simultáneo, se efectuó otro procedimiento en el domicilio particular de un funcionario auxiliar que trabaja en esa dependencia.

Los operativos profundizaron los interrogantes sobre el funcionamiento del área y los mecanismos de control relacionados con la presencia de teléfonos celulares dentro del establecimiento penitenciario.

La investigación debe determinar qué elementos fueron buscados y examinados, qué resultados arrojaron los procedimientos y si surgieron nuevos elementos que justificaran otras medidas judiciales o administrativas.

Un allanamiento no demuestra por sí mismo la comisión de un delito ni permite atribuir responsabilidades automáticamente a quienes trabajan en la dependencia. No obstante, por la naturaleza de las actuaciones y las funciones del área intervenida, resulta relevante conocer qué conclusiones se obtuvieron y qué medidas se adoptaron a partir de los procedimientos.

¿Los teléfonos incautados fueron sometidos a peritajes? ¿Los resultados fueron incorporados al expediente? ¿Se dispusieron nuevas declaraciones o resoluciones? ¿Los dos funcionarios continúan en disponibilidad?

Son preguntas que requieren información oficial para conocer el estado real de las actuaciones.

Miotti reconoció negligencias y confirmó una investigación sumaria

El 23 de octubre, en declaraciones a RADIO MÁXIMA, el director general del Servicio Penitenciario, Aníbal Miotti, se refirió a la investigación vinculada con los teléfonos celulares y a las irregularidades detectadas dentro de la unidad.

“Hubo negligencia nuestra y por eso hay una investigación sumaria en curso donde los controles de seguridad fueron burlados”, afirmó.

La declaración constituye uno de los puntos centrales de esta secuencia: la máxima autoridad penitenciaria reconoció públicamente la existencia de fallas de control y confirmó que se abrió una investigación administrativa.

Miotti sostuvo que las autoridades actuaron de inmediato y que se realizó el acto administrativo correspondiente. También afirmó que los teléfonos secuestrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

“Nosotros no vamos a encubrir estas situaciones”, reiteró. El funcionario indicó que los controles pueden haber sido burlados por distintas vías y mencionó la posibilidad de intervención de familiares, internos o personal penitenciario. La determinación de eventuales responsabilidades individuales, sin embargo, deberá surgir de las pruebas y de las actuaciones judiciales y administrativas.

El reconocimiento de negligencias abre un interrogante institucional que excede la identificación de quienes pudieran haber participado en hechos puntuales: ¿qué mecanismos de supervisión fallaron, qué áreas estaban a cargo de los controles y qué medidas se adoptaron para corregir las deficiencias?

La investigación sumaria deberá aportar respuestas sobre las circunstancias detectadas, las responsabilidades funcionales que correspondan y las medidas preventivas necesarias.

Requisas reforzadas y secuestros diarios de celulares

Miotti también se refirió a la continuidad del problema de los teléfonos celulares dentro de las unidades penitenciarias.

Según explicó, los dispositivos son arrojados desde el exterior hacia el interior de la cárcel durante los espacios recreativos, una modalidad que, de acuerdo con sus declaraciones, también se registra en otros establecimientos de Entre Ríos.

“Todos los días hay secuestros de celulares, que son arrojados desde afuera del penal durante los espacios recreativos”, manifestó.

El director general aseguró que los controles fueron reforzados tanto para el personal como para las visitas.

“Hemos reforzado a un 200 por ciento las requisas diarias”, afirmó.

La declaración pone de relieve la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades penitenciarias. Si se producen secuestros diarios de celulares, resulta necesario conocer qué resultados concretos están teniendo las nuevas medidas, cómo se controla su cumplimiento y qué mecanismos se utilizan para impedir que los dispositivos lleguen a manos de las personas privadas de la libertad.

El refuerzo de las requisas puede constituir una medida preventiva, pero también debe acompañarse de una evaluación de los procedimientos, de la vigilancia de los sectores recreativos y de la supervisión de quienes tienen a su cargo el control.

La propia autoridad penitenciaria reconoció que los mecanismos de seguridad fueron burlados. Por eso, la cuestión ya no se limita a informar cuántos dispositivos se secuestran, sino a determinar por qué continúan ingresando, qué vulnerabilidades existen y cómo se corregirán.

La fuga de un interno vuelve a encender las alarmas

En medio de este escenario, la evasión de un interno volvió a colocar a la UP9 en el centro de la discusión sobre la seguridad penitenciaria.

Según la información disponible, el detenido habría atravesado la puerta de contención del sector de guardia, aprovechado la salida de visitantes para mezclarse entre ellos y abandonado el establecimiento. Fue recapturado minutos después.

La recuperación del interno permitió poner fin a la evasión, pero no despejó el interrogante principal: ¿cómo pudo una persona bajo custodia penitenciaria superar los controles y salir del establecimiento sin ser detectada inicialmente?

El episodio obliga a revisar los procedimientos de vigilancia, el funcionamiento de las puertas de contención, la identificación de visitantes y los mecanismos de control de egreso.

También resulta necesario establecer qué personal estaba de servicio, qué registros se analizaron, si se revisaron las cámaras de seguridad y si se iniciaron actuaciones administrativas para reconstruir lo ocurrido.

¿Se investigó la actuación del personal de guardia? ¿Se solicitaron informes? ¿Se labraron actas? ¿Se abrió un sumario específico por la fuga? ¿Se dispusieron cambios en los protocolos después de la recaptura?

La información disponible no permite confirmar si hubo sanciones, nuevos pases a disponibilidad o modificaciones en la organización del personal como consecuencia de este episodio.

Por eso, es necesario que las autoridades expliquen qué sucedió y qué medidas se tomaron.

No corresponde atribuir automáticamente la fuga a todos los agentes que se encontraban de servicio. La responsabilidad de cada uno deberá determinarse sobre la base de los hechos y las pruebas. Pero tampoco alcanza con señalar que el interno fue recapturado sin explicar cómo logró abandonar la unidad.

La seguridad penitenciaria requiere prevención, vigilancia permanente y procedimientos que permitan detectar de inmediato cualquier incumplimiento.

Lucas Dufour: ¿qué medidas tomó la conducción de la UP9?

La sucesión de episodios también pone bajo observación institucional la gestión del director de la unidad, Lucas Dufour.

Mientras dos funcionarios fueron pasados a disponibilidad, Gendarmería allanó dependencias relacionadas con Tratamiento Correccional, el director general reconoció negligencias y un interno logró fugarse, resulta razonable preguntar qué evaluación se realizó sobre el funcionamiento general del establecimiento.

La responsabilidad jerárquica no implica atribuir automáticamente responsabilidad penal al director por hechos que deben investigarse. Sin embargo, la conducción de una unidad penitenciaria supone obligaciones de organización, supervisión y cumplimiento de los protocolos de seguridad.

En ese marco, es necesario conocer qué información recibió Dufour sobre las irregularidades relacionadas con los teléfonos celulares, qué medidas dispuso después de los allanamientos y qué acciones se adoptaron tras la fuga.

También corresponde preguntar si la Dirección General del Servicio Penitenciario solicitó informes específicos, evaluó el desempeño de la conducción y revisó los mecanismos de supervisión interna.

¿Se analizaron las posibles fallas en los controles? ¿Se verificó el cumplimiento de los protocolos? ¿Se evaluó la actuación de las áreas involucradas? ¿Hubo instrucciones concretas para evitar que se repitan los episodios?

Son cuestiones que requieren respuestas oficiales. No se trata de anticipar responsabilidades, sino de determinar qué hizo cada nivel de la estructura penitenciaria frente a hechos que comprometieron la seguridad de la unidad.

Una cárcel estratégica dentro del sistema penitenciario provincial

La dimensión de la UP9 refuerza la importancia de estos interrogantes.

De acuerdo con los datos aportados para esta nota, la Colonia Penal El Potrero es la segunda unidad carcelaria de Entre Ríos con mayor cantidad de internos, dentro de una población penitenciaria provincial estimada en aproximadamente 3.200 personas privadas de la libertad.

Un establecimiento de estas características necesita recursos adecuados, protocolos claros, controles efectivos y una estructura de supervisión capaz de detectar y corregir fallas.

El ingreso de elementos prohibidos, la custodia de los internos y el control de las salidas de visitantes son aspectos esenciales para el funcionamiento cotidiano de una unidad penal.

Por eso, las explicaciones oficiales no deberían limitarse a enumerar requisas, secuestros o recapturas. También deben permitir conocer qué falló, qué se corrigió y cómo se verificará que las nuevas medidas sean eficaces.

La investigación judicial deberá establecer los hechos vinculados con los teléfonos celulares. Las actuaciones administrativas tendrán que determinar las responsabilidades funcionales que correspondan. Y la conducción penitenciaria debe explicar cómo garantiza la seguridad del establecimiento.

“Nadie está por encima de la ley”: el desafío de la responsabilidad institucional

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, utilizó la frase “Nadie está por encima de la ley” en el contexto de la detención de un comisario.

Ese principio también invita a reflexionar sobre el funcionamiento de las instituciones penitenciarias. No para establecer comparaciones automáticas ni para anticipar sanciones, sino para sostener que toda actuación pública debe estar sujeta a controles y que las irregularidades deben investigarse sin distinciones de jerarquía.

Miotti aseguró que el Servicio Penitenciario no encubrirá estas situaciones y reconoció que hubo negligencias. Ahora corresponde conocer qué resultados concretos produjeron las investigaciones y las medidas preventivas anunciadas.

La evaluación debe alcanzar, según las obligaciones de cada cargo y las pruebas disponibles, tanto al personal operativo como a quienes tienen funciones de supervisión y conducción.

Las garantías de los funcionarios involucrados deben respetarse. Pero también existe la obligación institucional de esclarecer los hechos, revisar los procedimientos y rendir cuentas sobre las decisiones adoptadas.

Las respuestas que todavía espera la sociedad

Después de las disponibilidades, los allanamientos, las declaraciones del director general y la fuga del interno, hay una serie de cuestiones que el Servicio Penitenciario debería aclarar:

La causa judicial: cuál es su estado actual y qué resultados arrojaron los peritajes de los teléfonos incautados. Los funcionarios apartados: qué situación administrativa tienen y si hubo nuevas resoluciones. La investigación sumaria: qué negligencias se detectaron, qué áreas se encuentran bajo evaluación y qué medidas correctivas se adoptaron. La fuga: cómo se produjo la evasión, qué controles se revisaron y si se abrió una investigación administrativa específica. El personal de guardia: si se analizaron sus actuaciones, los registros y las cámaras de seguridad. La conducción de la unidad: qué medidas dispuso Lucas Dufour y si la Dirección General evaluó el funcionamiento de la UP9. Los controles reforzados: qué resultados están teniendo las nuevas requisas y qué medidas adicionales se adoptaron para impedir el ingreso de celulares.

Estos interrogantes no constituyen conclusiones anticipadas sobre la responsabilidad de ninguna persona. Son cuestiones necesarias para conocer el alcance de los hechos y evaluar la eficacia de la respuesta institucional.

Una crisis que exige hechos, no solamente declaraciones

La secuencia de episodios en la UP9 obliga a mirar más allá de cada acontecimiento por separado.

La investigación por los teléfonos celulares, las disponibilidades de dos funcionarios, los allanamientos de Gendarmería, el reconocimiento de negligencias por parte de Aníbal Miotti y la fuga de un interno tienen características diferentes. No corresponde afirmar que forman parte de una misma maniobra sin pruebas que lo acrediten.

Pero todos plantean una preocupación común: la necesidad de garantizar controles efectivos en un establecimiento penitenciario de gran relevancia para Entre Ríos.

La declaración de Miotti constituye un reconocimiento público de que hubo fallas. El paso siguiente debe ser conocer qué se investigó, cuáles fueron los resultados y qué cambios se implementaron para evitar que las situaciones se repitan.

La Justicia deberá determinar las responsabilidades penales que correspondan. La administración penitenciaria, por su parte, debe esclarecer las posibles responsabilidades funcionales y demostrar que los procedimientos de seguridad funcionan.

A un mes de las disponibilidades, con allanamientos realizados, teléfonos incautados, una investigación sumaria reconocida por el propio director general y una fuga que volvió a encender las alarmas, la pregunta sigue vigente: ¿qué cambió realmente en la UP9 y quién responde por los controles?

La respuesta no puede limitarse a afirmar que se reforzaron las requisas o que el interno fue recapturado. La sociedad tiene derecho a conocer qué se investigó, qué se corrigió y qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad.

Si la propia autoridad penitenciaria reconoce negligencias y controles burlados, el desafío es transformar ese reconocimiento en resultados concretos: esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades que correspondan y demostrar que la seguridad de la Colonia Penal El Potrero está efectivamente bajo control.