El día que un juez entrerriano interrogó a Bergoglio

La nota fue realizada en 2013, cuando Jorge Mario Bergoglio fue ungido Papa.

En aquella ocasión hubo sectores detractores de la figura del arzobispo de Buenos Aires que ventilaron una grave acusación que Bergoglio enfrentó durante años. Se lo acusó de haber sido cómplice de la dictadura militar y de haber “entregado” a los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, desaparecidos el 23 de mayo de 1976. El periodista Horacio Verbitsky fue uno de los que difundió esa trama que lo tuvo al Sumo Pontífice en una causa. La historia – para quienes le creyeron al cura- señalan precisamente que hizo todo lo posible para que los militares liberaran a Yorio y Jalics.

El caso fue juzgado por el entonces juez Germán Castelli, oriundo de La Paz.

“Fue y es un hecho histórico. Y hoy cobra una relevancia especial porque se trató de quién es el Papa”, dijo el juez ante Página Política en aquella ocasión.

El paceño había llegado a integrar el Tribunal Oral Federal N° 5 cuando era juez federal de Morón. Lo convocaron como cuarto juez, suplente, en caso de que uno de los titulares no pudiera seguir en el juicio, cosa que ocurrió cuando se recusó a Oscar Hergot. Aquel tribunal quedó integrado por Castelli, Daniel Obligado y Ricardo Farías.

El entrerriano estuvo frente al entonces arzobispo. “Fue impresionante, uno mira para atrás y toma dimensión de lo que pasó. El Código Procesal establece ciertos privilegios para determinadas personas; como el presidente, un gobernador o el arzobispo; que pueden declarar por escrito. Ante lo que establece la ley hubo un debate muy profundo sobre la forma en que se indagaría a Bergoglio: las opciones eran que lo haga por escrito o nos constituyéramos como tribunal con la presencia de todas las partes en el Arzobispado. Después de una larga discusión votamos y salió dos a uno a favor de indagarlo en el Arzobispado. Yo voté a favor de ir hasta donde estaba Bergoglio”, recordó Castelli.

“No te das una idea todo lo que se le preguntó. Recuerdo que le pregunté acerca del rol que había jugado la Iglesia durante la dictadura. Me la rechazaron. La pregunta generó un escándalo. Fueron momentos de mucha tensión. Pero se actuó como se debía actuar. Se preguntó todo. Fueron cuatro horas de indagatoria en donde todas las partes no se guardaron nada”. En el salón del Arzobispado estaba el tribunal, fiscales y querellantes particulares.

Castelli, ante este medio rememoró, una anécdota. Una vez terminada la audiencia, Bergoglio se paró y lo fue a buscar para decirle que no tenía problemas en responderle la pregunta que se le negó responder. El juez le dijo que no podía tomarle el testimonio en privado cuando públicamente había sido rechazada esa posibilidad. Le propuso que se lo responda una vez concluido el juicio, pero nunca se vieron.

Finalmente los jueces condenaron no sólo al almirante Oscar Montes, sino también a Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta, Antonio Pernías y Ricardo Cavallo, entre otros. Se investigaron violaciones de derechos humanos de 86 víctimas, de las cuales 28 permanecen desaparecidas.

La sentencia de la causa ESMA, disponible en la web de la Corte Suprema de Justicia, reúne entre las páginas 743 y 761, la historia de Yorio y Jalics y la intervención de Bergoglio.

El magistrado nacido en La Paz realizó la secundaria en el Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento y cursó los estudios de Derecho en la UB. Tuvo otro caso de trascendencia histórica. El 10 de noviembre de 2009 ordenó la detención del general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga y del mayor Jorge Eduardo Varando, ambos acusados por torturas y fusilamientos de atacantes en lo que fue el copamiento del cuartel de La Tablada el 23 y 24 de enero de 1989 por parte de miembros del Movimiento Todos por la Patria. En esa causa calificó los delitos como de lesa humanidad.

Luego, Castelli, cobró notoriedad también en la política por ser uno de los integrantes del tribunal que fue designado para juzgar lo que se conoció como la causa de “los cuadernos de las coimas” en donde se imputó a ex funcionarios, empresarios, dirigentes políticos y al fiscal Carlos Stornelli.

FUENTE: PAGINA POLÍTICA