Columna: "Corte Suprema, Derrota Suprema" por Ariel Heidenreich

El presidente Javier Milei firmó dos decretos y designó en comisión a Ariel Lijo, juez federal desde 2004 —cuando fue nombrado por Néstor Kirchner—, y a Manuel García-Mansilla, académico y exdecano de la Universidad Austral, para ocupar las dos vacantes que tiene hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esos lugares quedaron vacantes tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, en octubre de 2021, y la salida de Carlos Maqueda, en diciembre de 2024, al cumplir 75 años.

A García-Mansilla se le tomó juramento y actualmente está en funciones. Sin embargo, su situación es frágil. Al haber llegado por un decreto presidencial, su nombramiento requiere la validación del Senado para continuar en el cargo. Esa votación fue negativa, lo que limita su independencia. La Corte hoy funciona con solo tres jueces, cuando deberían ser cinco.

El Senado, con mayoría del kirchnerismo y el respaldo de algunos senadores del PRO y de la UCR, rechazó el pliego de García-Mansilla. El revés político forzó al Gobierno a congelar nuevos movimientos respecto a la Corte. Aunque hay otros nombres en carpeta, en Casa Rosada admiten que no darán nuevos pasos hasta después del recambio legislativo, cuando esperan mejorar su posición en el Congreso.

Nombramientos en comisión: qué dice la Constitución

La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo puede designar un juez de la Corte, pero el Senado debe aprobarlo con mayoría de dos tercios. Sin embargo, el artículo 99, inciso 19, autoriza al Presidente a cubrir vacantes durante el receso legislativo mediante "nombramientos en comisión", que caducan al finalizar el siguiente período de sesiones ordinarias.

Ese fue el mecanismo que utilizó Milei para postular a García-Mansilla y a Lijo. Al primero se le tomó juramento, pero su nombramiento no fue ratificado por el Senado. Esta figura constitucional está vigente desde la reforma de 1860, cuando los recesos legislativos eran más extensos. Hoy, las sesiones ordinarias se extienden de marzo a noviembre.

Antecedentes y polémica

El antecedente más reciente de un intento de designación en comisión en la Corte fue en 2015, cuando Mauricio Macri nombró a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por decreto. Sin embargo, ninguno de ellos asumió hasta que obtuvieron el acuerdo del Senado. Desde 1983 hasta hoy, no hay registros de jueces que hayan llegado a la Corte en comisión y se hayan mantenido sin validación legislativa.

En su exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado, García-Mansilla fue interpelado por un artículo que escribió en 2015, donde afirmaba que los nombramientos en comisión no eran inconstitucionales, aunque aclaraba: "Yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones".

Hay que remontarse a décadas pasadas para encontrar casos similares. En 1962, el presidente interino José María Guido designó en comisión a José F. Bidau, pero el Senado no convalidó el nombramiento. Lo mismo ocurrió en 1889 y 1890 con Luis Varela y Abel Bazán, quienes sí fueron ratificados. Otros ejemplos: Benjamín Paz (nombrado por Carlos Pellegrini en 1892) y Dámaso Palacio (por Figueroa Alcorta en 1910). Raúl Alfonsín y Carlos Menem también usaron este recurso, aunque solo para jueces de instancias inferiores.

Por su parte, Rosatti y Rosenkrantz evitaron hacer declaraciones públicas. En tanto, desde el Gobierno evalúan los próximos pasos. La Corte es mucho más que la suma de sus integrantes. Y Milei deberá aprender de los errores: si quiere cubrir las vacantes, deberá proponer candidatos cuya honorabilidad y capacidad no generen resistencia en el Congreso ni en la opinión pública.