Columna: "IOSPER: un escándalo de corrupción que golpea a Entre Ríos"

Columna de opinión del Abogado de Gualeguaychú Ariel Heidenreich

La provincia de Entre Ríos tiene su propia obra social, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), una entidad que hoy se encuentra en un estado de crisis, explotada, deficitaria y sumida en la corrupción. Ante esta situación, el actual gobernador, Rogelio Frigerio, decidió intervenirla por seis meses debido a las graves irregularidades detectadas. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Frigerio calificó al IOSPER como un “nicho de corrupción” y denunció que la provincia fue entregada como una “bomba de tiempo”.

Por otro lado, el exgobernador Gustavo Bordet insiste en que dejó una provincia “ordenada, previsible y en marcha”. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. ¿Miente Bordet o exagera Frigerio? Mientras los anuncios se suceden, los afiliados siguen sin recibir soluciones a sus problemas. Antes no las tenían y ahora tampoco.

Los interventores designados por el Ejecutivo encontraron un panorama de total desorden. La obra social arrastra una deuda superior a los 40 mil millones de pesos y un déficit mensual de casi 2.000 millones. Además, los directivos que dejaron la gestión percibían sueldos de hasta 16 millones de pesos por mes. La actual administración provincial tomó la decisión de intervenir el IOSPER, la obra social más grande de Entre Ríos, que cuenta con 300 mil afiliados y tiene impacto en 1,5 millones de entrerrianos.

La situación del IOSPER resultó ser aún peor de lo que se esperaba. Los interventores detectaron que la deuda acumulada es el doble de lo que había declarado el expresidente Fernando Cañete, ascendiendo a 42.871.884.708 pesos. De este total, el 56 % corresponde a medicamentos, lo que pone en evidencia una pésima gestión financiera. Los hallazgos iniciales sugieren que la situación podría derivar en una denuncia penal, ya que existen informes internos que respaldan la existencia de un “robo sistemático” de fondos públicos. Se espera que el Ministerio Público Fiscal investigue y que la Justicia actúe con todo el peso de la ley.

El desorden del IOSPER es alarmante. En diciembre, el propio Frigerio había advertido sobre las deficiencias en la prestación del servicio, el creciente déficit financiero y la acumulación de 20 mil millones de pesos en pasivos. Desde el Ejecutivo provincial aseguran que la intervención no es solo una medida administrativa, sino el resultado de más de un año de trabajo en el que la comisión fiscalizadora y las auditorías enfrentaron obstáculos constantes para acceder a información clave.

Pese a estas dificultades, quedó en evidencia el desmanejo en la administración de la obra social. Se detectó un déficit operativo de 3.000 millones de pesos mensuales, con una preocupante caída en la calidad de las prestaciones, especialmente en áreas sensibles como discapacidad y prótesis. Además, se identificó una contratación excesiva de personal, mientras que el Tribunal de Cuentas inició nueve juicios contra las exautoridades del IOSPER por mala rendición de cuentas y pagos irregulares a prestadores.

También se registraron demoras indefendibles en los pagos a profesionales de la salud, lo que llevó a que muchos de ellos dejaran de trabajar con la obra social. Los interventores denunciaron que el IOSPER “compra mal y caro”, generando un déficit insostenible. Además, remarcaron que la intervención trabaja con una lógica clara: “El IOSPER es de los afiliados, no de los prestadores, y estamos acá para garantizar su bienestar”.

Entre las irregularidades más escandalosas, se descubrió que los miembros del Directorio intentaron ocultar sus propios sueldos, que en algunos casos alcanzaban los 16 millones de pesos mensuales. Para ello, desdoblaban los pagos salariales e informaban públicamente solo una parte de los ingresos. También se identificó un aumento injustificado del 15 % en los aranceles prestacionales que intentó imponer Cañete antes de dejar su cargo. De haberse concretado, esto habría generado un déficit adicional de 1.000 millones de pesos mensuales, algo que la intervención logró frenar.

En cuanto a la compra de medicamentos, se reveló que las droguerías habían otorgado un mayor descuento del 15 % a partir de diciembre, pero si dicho beneficio se hubiese aplicado desde enero de 2024, la obra social habría ahorrado 1.700 millones de pesos.

Otro dato alarmante es el uso indebido de vehículos oficiales. El caso más llamativo es el del gerente de Prestaciones, quien semanalmente era trasladado desde Corrientes con todos los gastos pagos, incluyendo alojamiento en un hotel de Paraná, lo que representaba un gasto de 10 millones de pesos. A esto se suman sobreprecios en el lavado de vehículos oficiales y el pago de servicio de televisión por cable en oficinas donde ni siquiera había televisores.

La falta de transparencia en las instituciones facilita la corrupción, la ineficiencia y el abuso de poder. La información pública debe ser accesible, ya que su correcta administración es un derecho de todos los ciudadanos. Garantizar el acceso a la información y castigar a los responsables del saqueo de los fondos públicos es una obligación ineludible del Estado.

Los entrerrianos están hartos de pagar para que unos pocos se enriquezcan a costa de su salud. Es hora de que la Justicia actúe y que este robo sistemático no quede impune.