¿Asoma en Entre Ríos un conflicto binacional con Uruguay?

La instalación de una planta de refinería de combustible, en Paysandú, organizó a un colectivo de la región que desde hace unos meses comenzó a advertir sobre consecuencias negativas para la zona, precisamente en la ciudad de Colón, cuya distancia con el emprendimiento es de apenas 3.600 metros. 

El proyecto lo lleva adelante HIF Global, una compañía de expansión planetaria en el rubro con sede central en Houston, Estados Unidos, y que se presenta como “líder mundial” en explotación de energías renovables. 

En este caso se propone fabricar e-Combustibles, que se producen utilizando electrolizadores alimentados con energía renovable para separar el hidrógeno del oxígeno en el agua. Lo que se conoce como hidrógeno verde se combina con dióxido de carbono reciclado para producir los e-Combustibles, que químicamente son equivalentes a los combustibles y que se utilizan hoy y que pueden incorporarse a los motores existentes sin ninguna modificación. A través de un proceso de síntesis se produce el e-Metanol, el cual puede convertirse en otros e-Combustibles como la e-Gasolina, e-Diesel o combustible de aviación sostenible (e-SAF). 

En una entrevista del 11 de agosto en el sitio El Telégrafo de Paysandú, el presidente de HIF Global, César Norton, anunció una inversión de 36 millones de dólares por parte de las subsidiarias Japan Oil y Gas and Metals National Corporation (Corporación Nacional de Petróleo, Gas y Metales de Japón, Jogmec), a través de Idemitsu Efuels America Corp, para expandir los proyectos de la compañía en Estados Unidos, Australia, Chile y Uruguay.

El medio local uruguayo se encargó de subrayar que la planta en Paysandú “representa la mayor inversión en la historia del Uruguay, por cerca de 6.000 millones de dólares y estima la producción de 180.000 toneladas por año de e-gasolina, generando picos de hasta 3.200 puestos de empleo”.

Para la Multisectorial Somos Ambiente del Río Uruguay, las características de estos procesos de producción son una amenaza para la ciudad de Colón, “con altos y múltiples niveles de afectación”. En primer lugar por la corta distancia en el que se encuentra la planta; y en segundo lugar por la alta inflamabilidad de los productos, cuya base es el metanol y la magnitud de la producción diaria de más de 1500 toneladas que se anunció. Las conclusiones a las que llegaron los integrantes del colectivo fueron luego de consultas a ingenieros y abogados, quienes advirtieron sobre el Acuerdo de Confidencialidad firmado entre el gobierno de la República Oriental del Uruguay y la Empresa HIF Global. 

Colón y las ciudades vecinas como Pueblo Liebig y San José no conocen los riesgos ni los efectos transfronterizos de las potenciales contingencias, por ejemplo los factores climáticos habituales y los movimientos de las masas de aire. 

Esta región entrerriana produce alimentos (producción avícola, miel, nuez pecán, horticultura) y forma parte de uno de los principales centros turísticos de la provincia. Precisamente por eso el sindicato de gastronómicos forma parte de la Multisectorial con una activa participación. Desde la organización no solo se aborda lo ambiental, sino el impacto en el modelo productivo y económico. 

La planta cambiaría el paisaje de Colón. Quienes pretendan disfrutar de los balnearios encontrarán ante sus ojos un mamotreto de tres chimeneas y cuatro antorchas quemando gases y excedentes de la producción de manera permanente. 

El 9 de septiembre, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas se elevó una solicitud de acceso a la información pública a los efectos que tanto las Delegaciones de Argentina como la de Uruguay ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), proveyeran “de manera coordinada o autónoma, la documentación completa relacionada con la instalación de una planta de producción de Hidrógeno Verde (sic), en la ciudad de Paysandú, frente a la ciudad de Colón”.

El 2 de octubre desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, vía correo electrónico, se dirigieron a la entidad de abogados notificándolos que la solicitud se archivaba, porque la misma se había remitido a la CARU, quien era la que debía responder. 

Esto motivó que el 13 de enero último, desde los abogados ambientalistas enviaran una nueva nota a la Cancillería argentina, esta vez dirigida al canciller Gerardo Werthein, en la que se rechazaba enérgicamente, el archivo de los expedientes como también se solicitaba la urgente intervención del “área jurídica de la Cancillería, en razón de un obrar que expone a un organismo binacional”. Cuatro días después de la recepción en la Cancillería, el viernes 17 de enero, el embajador Roberto Salafia, en su calidad de titular de la Delegación Argentina ante la CARU, firmó la nota externa DACARU 1/2025 a través de la cual comunicó a la entidad de letrados que “a la fecha la Comisión no ha recibido ninguna información oficial sobre el proyecto que sería emplazado en las afueras de la ciudad de Paysandú”. Lo que suena raro, si se tiene en cuenta que se ha firmado un acuerdo entre Uruguay y la HIF Global.

Reubicación 

La Multisectorial reúne sindicatos, cooperativas, referentes de la cultura, grupos ambientales, comerciantes, docentes y profesionales. En diciembre le solicitó, por nota, a la Junta Departamental de Paysandú “la relocalización del proyecto en cuestión, situación que debe resolverse en acuerdos de buena voluntad entre ambas partes, pues así como desde nuestra ciudad se respeta la libre determinación del modelo económico que el Estado hermano establece, del mismo modo solicitamos se tenga a bien considerar el modo de vida que desde esta orilla se ha construido por varias décadas”. 

En octubre, la organización realizó un trabajo de campo en el que consultó a vecinos de la zona sobre la planta. Los resultados indicaron que el conocimiento es importante, con un 65,8 por ciento. Un 96,2 por ciento cree que tiene que llevarse adelante una consulta por tratarse de una iniciativa que se desarrolla sobre un patrimonio común, como es el río Uruguay.  

El conflicto diplomático entre Argentina y Uruguay, con epicentro en Entre Ríos, tuvo un importante capítulo con la instalación de la pastera Botnia sobre el Río Uruguay, sobre Fray Bentos. En aquella oportunidad, en 2006, los países estuvieron incomunicados por tierra durante varios meses, pero por más de tres años cuando la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú impidió el tránsito por el Puente Libertador General San Martín, sobre la ruta 36 que une los dos países. El caso recorrió el mundo y se dirimió en el más alto plano jurídico, la Corte Internacional de La Haya. (Fuente: Cicatriz)