La dirigente social Carina Izaguirre fue procesada con prisión preventiva por extorsión, amenazas y usura. El caso involucra presuntas irregularidades en el manejo de planes sociales.
Este jueves, el juez federal Hernán Viri dictó el procesamiento con prisión preventiva de Carina Izaguirre, acusada de extorsión, amenazas y usura. La dirigente social, quien permanecerá detenida en la Unidad Penal Nº9 "El Potrero", enfrenta graves cargos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de planes sociales y bolsones de mercadería.
El proceso judicial
El juez Viri contaba con un plazo de 10 días hábiles para decidir sobre la situación procesal de Izaguirre. Finalmente, determinó su procesamiento y la continuidad de su detención. Izaguirre había sido arrestada en el marco de varios allanamientos realizados en la ciudad de Gualeguaychú, donde se investigan maniobras que involucran a planes sociales y otras prácticas ilícitas.
Las declaraciones de Izaguirre
Ante el magistrado, Izaguirre negó las acusaciones en su contra. Según trascendió, declaró que recibía bolsones de mercadería desde La Matanza con los nombres de los beneficiarios ya asignados. Sobre la adquisición de tres vehículos 0km en los últimos dos años, afirmó que "los autos no existen".
En cuanto a las transferencias millonarias que habría recibido su hijo, Izaguirre aseguró que él obtuvo una indemnización de la empresa Toyota, donde trabajaba, y utilizó ese dinero para comprar un vehículo y dedicarse a realizar viajes.
Una trama más amplia
El caso no solo involucra a Carina Izaguirre. Según fuentes judiciales, se está investigando a al menos 20 personas por presuntas maniobras ilícitas relacionadas con el cobro de planes sociales y bolsones de mercadería. Entre las acusaciones, se destaca la exigencia de un 10% del monto de los planes sociales a cada beneficiario y el cobro de mercadería destinada a personas en situación de vulnerabilidad. También se investiga si los beneficiarios eran amenazados para asistir a movilizaciones, bajo la advertencia de perder sus beneficios sociales si no lo hacían.
Durante los allanamientos realizados en Gualeguaychú, en domicilios particulares de las referentes sociales investigadas, se secuestró una gran cantidad de mercadería destinada a los beneficiarios, la cual quedó bajo custodia judicial y será entregada al Ministerio de Capital Humano.
El procesamiento de Izaguirre y las investigaciones en curso exponen una problemática que trasciende lo judicial, reflejando posibles abusos en la administración de recursos destinados a los sectores más vulnerables. Las autoridades judiciales continúan trabajando para determinar el alcance de las maniobras denunciadas y esclarecer el rol de cada involucrado en esta trama que sería similar a lo que venía sucediendo en diferentes lugares del país.
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