Un entrerriano envuelto en un caso de contrabando quiere evitar su extradición a Venezuela

(De ANÁLISIS)

El hombre de Chajarí Germán Bonelli, de 38 años, fue detenido por pedido de Interpol en marzo, y hoy intenta evitar su extradición a Venezuela, donde lo acusan de ser parte de red criminal internacional de contrabando de hidrocarburos y lavado de activos. El trámite se encuentra en el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, y los argumentos de la defensa, que lo considera totalmente ajeno a estas empresas delictivas, se plantearán en dos semanas ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

Bonelli, hijo de un conocido jugador de rugby del Paraná Rowing Club fallecido, “Coco” Bonelli, trabaja en el campo y su especialidad son los caballos. Hace casi una década, por intermedio de un tercero, consiguió trabajar para un empresario italiano que tiene un equipo de polo en Inglaterra, como petisero. Regresó hace unos años a Chajarí y siguió con su vida. Hasta el pasado 21 de marzo cuando efectivos de la Policía Federal Argentina entraron a su casa y lo detuvieron.

Se hablaba de que estaba fugitivo hacía un año y medio, cuando vivía en Chajarí como un vecino más. Hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, utilizaron su arresto para figurar como justicieros de un “delincuente” internacional.

La cuestión es que el Ministerio Público de Venezuela, en el marco de una investigación compleja por contrabando de petróleo de PDVSA, lo señala a Bonelli como testaferro del principal sospechoso, el empresario italiano Alessandro Bazzoni, quien lo había contratado para cuidar sus caballos. Bonelli niega haber jamás firmado un papel, un documento ni constituido alguna empresa en el exterior. En rigor, su vida cotidiana y su patrimonio no parecen tener relación con un delincuente de guante blanco que vendió miles de millones de dólares en hidrocarburos.

La extradición aún no se concretó porque mediante su abogada defensora, Mariana Barbitta, viene insistiendo en una serie de planteos que buscan evitar esta medida judicial. Más allá de las cuestiones técnicas de la Ley de Extradición, hay un temor lógico por la situación que se vive en Venezuela, donde las garantías de las personas no están resguardadas. El mismo Ministerio Público que pide a Bonelli es el que solicitó la detención del opositor Edmundo González Urrutia, quien se exilió en España.

El caso “PDVSA Cripto” y la detención

El caso conocido como “PDVSA Cripto” se trata de una presunta estafa de miles de millones de dólares relacionados con el contrabando de exportación de petróleo venezolano, por parte de una organización liderada por dos empresarios italianos multimillonarios, a través de varias empresas fantasmas. El mecanismo para el robo de hidrocarburos es complejo.

Uno de ellos es Erik Roveta, de 47 años, señalado como líder de la red criminal internacional. Lo acompañaba Alessandro Bazzoni, quien había reemplazado al colombiano Alex Saab (señalado como testaferro de Nicolás Maduro) en la venta ilegal del petróleo venezolano en todo el mundo. Junto a su esposa Siri Evjemo-Nysveen, lideraba PDVSA.

Bazzoni es propietario del equipo de polo Monterosso, un privilegiado competidor en la prestigiosa Copa de la Reina de Inglaterra, un evento que atrae a la “alta sociedad”, a la realeza y a magnates europeos, según relatan las crónicas sobre el caso.

A partir de esta actividad, Bazzoni se relacionó con Bonelli en 2015, un joven petisero de Chajarí que cuidaba y entrenaba caballos de polo. A través de un tercero pudo hacer el contacto que le abrió puertas que nunca imaginó: viajó a Europa y trabajó en la elite de este deporte.

El año pasado, el Ministerio Público de Venezuela dictó la orden de captura internacional para una docena de involucrados en la trama de corrupción que investigaban, principalmente a Bazzoni como presunto jefe de la trama criminal y ya se nombraba públicamente a Bonelli. Pero el chajariense nunca se enteró de la alerta roja con su nombre. Por eso se sorprendió en la mañana del 21 de marzo pasado, cuando la Policía Federal Argentina irrumpió en su casa de avenida Belgrano.

Al día siguiente, tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich como el mismo vocero presidencial, Manuel Adorni, daban a conocer la noticia y contaban que utilizaban “datos de bases de organismos y sistemas informáticos, incluyendo los de INTERPOL y redes sociales, para dar con el paradero del fugitivo”, quien seguía haciendo su vida y trabajando en el campo, en Chajarí.

Las acusaciones contra Bonelli incluyen “los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, y asociación”, y “contrabando agravado”.

Indicaban además que Bonelli figura como propietario y ejecutivo de empresas que “se dedicaban a actividades ilícitas como el trading y la adquisición de buques tanqueros, con el objetivo de robar cargas de petróleo para su posterior venta como si fueran de producción legítima”.

A su vez, lo sindicaban al hombre de Chajarí como el testaferro de Bazzoni. Y las autoridades argentinas ya lo condenaban: “Forma parte de una red de corrupción que involucraría a altos funcionarios del gobierno venezolano, como el exvicepresidente Tarek El Aissami”.

“No tiene nada que ver, es una persona de campo”

En diálogo con el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), la abogada defensora Mariana Barbitta explicó la situación de Bonelli, los planteos realizados ante la Justicia Federal, los errores del expediente y la inocencia del entrerriano, así como cuestionó el “fusilamiento mediático” que sufrió por parte de autoridades nacionales:

“Advertimos que él había sido detenido a raíz de un pedido de extradición formulado por el Gobierno de Venezuela, en el marco de un expediente que nace en el 2021 aproximadamente, donde lo incorporan a Germán por haber sido quien trabajaba con uno de los imputados de nacionalidad italiana.

La actividad que realizaba Germán con respecto a al ciudadano italiano es totalmente lícita, porque históricamente se dedicó a ser petisero en la vinculación con caballos de polo. Él tuvo hace muchos años una oportunidad de poder viajar, lo contactaron a través de otra persona de Chajarí para que se ocupara de todos los caballos y todo lo que tiene que ver con las carreras de polo. Y por eso él tiene una relación con este señor italiano, que bueno finalmente pareciera, no se sabe todavía, que estaría potencialmente vinculado a alguna situación ilícita entre el gobierno venezolano en relación a la provisión de gas y de petróleo.

Ni bien tomé el caso pedí inmediatamente la libertad y la excarcelación de Germán. La excarcelación fue rechazada, pero sí me hicieron lugar a un arresto domiciliario en razón del interés superior del niño, porque Germán tiene un niño menor de edad que inclusive fue víctima de la detención. Germán nos cuenta que él salió de su domicilio, como siempre porque él vive en Chajarí ya hace un tiempo, todo el mundo conoce a Germán y sabía que donde estaba. Pero él nunca se enteró del pedido de extradición hasta que lo detuvieron por esta medida, a nuestro criterio muy desproporcionada, vinculada a la alerta roja.

En ese contexto, nosotros con el pedido de arresto domiciliario concedido por la jueza federal de Concordia, empezamos a plantear muchos incidentes, uno de los cuales es la nulidad. Nosotros entendemos que se afecta el este pedido de extradición la Ley de extradición. Veíamos, por ejemplo, que había errores, inclusive de tipeo de tipeo, que a nuestro criterio podían ser esenciales, porque en un momento hablan del Estado español. Entonces hay una confusión respecto de Argentina y España, pero más que nada vinculado a la exigencia de esta situación vinculada a la doble persecución. Para que un argentino o argentina sea extraditado, la Justicia Federal de nuestro país tiene que revisar con exactitud cuáles son las normas en juego. No solamente el pedido de extradición que formula el país venezolano con todos los detalles que implica eso, sino también una descripción clara, precisa y circunstanciada respecto a derecho.

Había una posibilidad de que habría confusión respecto a si era un argentino o una persona de otro país y si había relación entre Argentina y Venezuela y Argentina y España. Hay bastantes confusiones en el pedido de extradición e inclusive muy desproporcionado y violento fue el fusilamiento mediático que generó el inicio de esta de este pedido de extradición, porque inclusive la ministra Patricia Bullrich ha publicado determinados tweets dando a entender que era un ciudadano venezolano. Y todo lo contrario, es un ciudadano argentino, un joven con familia, de una ciudad de Entre Ríos.

Germán Bonelli al único que conoce es a Alessandro Bazzoni, que obviamente no lo va a desconocer nunca. Se lo dijo a la jueza y lo va a decir si eventualmente tiene que ir a juicio porque él no puede desconocer esta relación laboral. Inclusive, Germán lo tenía idealizado porque fue el que le dio la llave para poder viajar a otros países, ayudaba a este señor en los eventos de polo inclusive con el príncipe de Inglaterra. Nada que ver ni con criptomonedas ni con ninguna situación que pueda afectar a Germán, ni vinculado con armador o negociador, como en algunos momentos se mencionaba, y porque además no hay nada en la causa, no hay ningún contrato, ninguna firma de parte de Germán que lo pueda vincular con el hecho.

El trámite de extradición no discute si hay absolución, si hay condena, si hay responsabilidad penal o no. Pero sí es cierto que no hay chance de poder evaluar el juicio de extradición si no tenemos las bases claras, y no las tenemos.

De hecho, justamente el artículo 34 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento de terrorismo no menciona el petróleo. Si uno pensara en alguna legislación que podría estar vinculada a la Argentina, no habla de petróleo como uno de esos materiales estratégicos. Entonces no se puede extender legislaciones extranjeras en perjuicio del imputado, todo lo contrario, entonces esto es importante.

Germán no tiene ni idea de petróleo, de nada que tiene que ver con lo empresarial. Él ni siquiera tiene una formación académica. Es una persona de campo, que nació, se crio y ama el campo. Cuando lo vi por primera vez que estaba en situación de detención, en la Unidad Penal de Paraná, me encontré con un joven de bombacha de campo, muy asustado, muy angustiado, no entendía nada de la situación, no podía creer nada de lo que estaba sucediendo.

Hemos hecho algunas presentaciones a raíz de la situación actual que está viviendo Venezuela, donde hay unas denuncias internacionales muy fuertes respecto de la posibilidad de torturas a personas detenidas. Entonces, con ese criterio, nosotros lo que trasladamos a la a la República Argentina, al Juzgado Federal, es la advertencia de tener cuidado respecto a esto”.