Las escuelas fumigadas llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Las organizaciones socioambientales plantean que al exponerse a las infancias a los agrotóxicos se viola el Pacto de San José de Costa Rica “del cual nuestro país es signatario”, se afirmó.

La demanda, que ingresó este 28 de agosto, se entabló contra el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia entrerriano y el poder Judicial del Estado argentino, representado en la Corte Suprema de Justicia, según se indicó. El reclamo se planteó ante la “inobservancia de las normas del Pacto de San José de Costa Rica, del cual nuestro país es signatario”, se aludió. La que se centra en “la violación de los derechos humanos fundamentales como la salud y la vida de nuestras infancias al mantener vigente el decreto provincial 2239 que avala mínimas distancias de fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de los establecimientos educativos rurales”, se precisó.

Como se recordará, el decreto Nº 2.239/19 del Ejecutivo provincial establece límites en las distancias mínimas para las aspersiones con agroquímicos en cercanías de las escuelas de 100 metros para las que sean por medios terrestres y 500 para cuando se utilicen medios aéreos. El cuestionamiento a esta regulación, impulsado por el Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que se negó a revisar la cuestión al considerar “inadmisible” el planteo y por lo tanto no ameritaba ser tratada.

En la comunicación de la acción, desde el colectivo socioambiental se sostuvo: “No hay horizonte posible con infancias degradadas. El verdadero cultivo a cuidar por un Estado es la salud y la vida de sus niños”. (AIMdigital)