Secta religiosa en Entre Rios: embargan bienes, y procesan a 10 integrantes

La titular del Juzgado Federal de Concordia, Analía Ramponi, procesó a diez personas por la explotación laboral de doce víctimas -entre ellas, tres menores de edad- en un campo de “El Redomón”, en el marco de una organización criminal que funcionaba bajo la fachada de una secta religiosa en Entre Ríos y Buenos Aires.
 

En base a las pruebas colectadas, la magistrada procesó a las diez personas en orden a los delitos de “trata de personas con fines de explotación laboral agravada por mediar engaño y abuso de situaciones de vulnerabilidad, haber sido más de tres víctimas y más de tres los victimarios”, como también por haberse consumado la explotación y constatado la explotación de tres víctimas menores de edad (doce hechos) y “reducción de servidumbre”.

La doctora Ramponi dispuso que los dos falsos pastores de la secta fueran procesados con prisión preventiva como autores de los delitos imputados, al igual que otras dos personas implicadas como partícipes necesarias, quienes cumplirán la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Finalmente, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de otras seis personas -también como partícipes necesarios- y dictó la falta de mérito respecto de otras dos que se encontraban en el campo al momento de los allanamientos. A su vez, a dos de los procesados se les atribuyó el delito de “Tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal”.

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También dispuso distintas medidas de coerción que incluyeron: “la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación”, “la prohibición de concurrir a reuniones vinculadas con el culto que llevaba a cabo uno de los pastores imputados y se practicaba en las instalaciones de la Iglesia Tabernáculo Internacional”, “la prohibición de comunicarse con las víctimas que fueron rescatadas en la presente causa” y la prestación “por sí, o por un tercero”, de una caución real por la suma de 50 mil pesos, que deberá efectuarse a los diez días de notificada la resolución.

Entretanto, ordenó el embargo de los bienes por la suma de 24 millones de pesos del campo donde se constató la explotación y de cuatro automóviles.

Fuente: El Entre Ríos / Procuración General de la Nación