Para sacar el cobre rompieron un transformador y una antena de telefoní­a en zona rural

Delincuentes derribaron y destrozaron un transformador de energía de media tensión perteneciente a la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú, ubicado sobre una antena de telefonía celular ubicada en el kilómetro 38 de ruta nacional 14.

“Se trata de un transformador de media tensión de 10 Kva, el cual tiraron y rompieron a los efectos de sacarle el cobre de su interior. Asimismo, ingresaron a las cabinas que la antena tiene en su parte inferior y rompieron equipos también a los fines de poder robar cables. Producto de este acto delictivo una zona importante quedó sin señal de telefonía y sin servicio de energía eléctrica”, señaló Nahuel Otero, titular de la Cooperativa Eléctrica.

 Desde la entidad energética ya habían alertado sobre este tipo de modalidad delictiva debido a que el robo de transformadores eléctricos con la finalidad de extraer el cobre que contienen en su interior y venderlo en el mercado ilegal, se ha vuelto una constante que afecta a las cooperativas eléctricas y distribuidoras de distintos puntos del país.

 “La problemática afecta principalmente a los sectores rurales y provoca cuantiosas pérdidas que deben ser afrontadas por toda la comunidad”, explicó Otero, quien agregó que “resulta imprescindible entender que este delito no afecta solo a una empresa o a una cooperativa en particular, sino que nos atañe a todos como sociedad. El robo de cables o transformadores que en primera instancia es una pérdida para las cooperativas, a la postre, se verá reflejado inexorablemente en los aumentos de tarifa del servicio prestado”.

Sin dudas existe una diferencia inmensa entre la magnitud del daño causado y lo que obtienen los delincuentes por la venta de lo robado. En este sentido, Otero indicó que “en el caso de nuestra Cooperativa, la misma pertenece a toda la comunidad y el daño que se provoca nos afecta por igual y es pagado por todos los usuarios”, opinó, al tiempo que volvió a reclamar por una legislación específica “ya que se está atentando contra servicios públicos, empeorando su calidad por la interrupción y el encarecimiento de los mismos”, aseguró.

Por último, Otero recordó que “como ha hemos planteado, este delito, que en sus comienzos surgió como casos de oportunismos aislados, hoy posee una organización tal que lo han convertido en algo difícil de erradicar. Por ello es sumamente necesario crear una trazabilidad de la cadena de comercialización, pues todo termina en una fundición o en el contrabando a otros países”, finalizó.