Columna: "Despacito por las piedras", por Darí­o Carrazza

En las últimas horas ha tenido lugar una convocatoria de vecinos y vecinas, del campo y la ciudad, manifestando su genuina preocupación por la suerte que se le quiere asignar al predio de la Reserva Natural Las Piedras.

Es necesario que, tanto a la ciudadanía como las organizaciones intermedias, en especial las dedicadas a la defensa del ambiente, tomen de inmediato cartas en el asunto para que se ponga sobre la mesa este debate, que no debe caer en ninguna grieta partidaria o ideológica. El cuidado del ambiente es un valor de carácter superior y común a nuestro porvenir como especie.

A cada lado suenan las campanas, pero cada una brinda su mensaje. Por eso se impone antes que nada disminuir la velocidad del asunto, ir despacito por Las Piedras, para poder darle a la cuestión toda la transparencia, control e inserción social que en la temática exige.

La Audiencia Pública como piso

Circula por la ciudad un pedido redactado por la ONG Salvemos el Río Gualeguaychú que todos deberíamos tratar de conseguir, leer y firmar. En él se le requiere al Municipio la convocatoria de una Audiencia Pública Ambiental para tratar el tema. También se pide allí que se publicite ampliamente el denominado proyecto productivo y de viviendas que se pretende construir en la Reserva Natural Las Piedras.

La convocatoria a Audiencias Públicas constituye una herramienta básica establecida para el derecho ambiental. Ella permite conocer las distintas opiniones sobre un determinado emprendimiento, y particularmente verificar la existencia de una licencia social como aspecto humano inescindible (Ya que el tema del ambiente excede a lo estrictamente químico y biológico, y se entrelaza con el desarrollo humano y comunitario, abarcando desde lo cultural hasta lo económico).

Es de esperar que las autoridades de la ciudad se muestren sensibles a esta solicitud de Audiencia Pública y la convoquen a la brevedad, previa difusión amplia de los pormenores del proyecto.

Vale la pena aclarar en este punto que ni siquiera los Concejales que nos representan en el legislativo local han tenido acceso a dicha información. Simplemente se les ha remitido para su consideración una modificación presupuestaria decretada “ad referéndum” de su intervención, y al solo fin de que posibiliten la incorporación de un convenio. Sin embargo, el expediente legislativo en trámite no dice una sola palabra acerca de qué es lo que se pretende hacer allí, en cuánto tiempo, con qué y para que personas, con qué afectación del paisaje y el medio natural, cuál es el reglamento para acceder al programa y cuál será el de su desarrollo futuro, si existe o no evaluación de impacto ambiental, quién lo ha realizado y cuáles son sus conclusiones, etc. etc.

Reserva Natural (Des)protegida

La movida a la que estamos asistiendo ha puesto de manifiesto una realidad que desconocíamos: La Reserva Natural Las Piedras no se encuentra inscripta ante la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. Esta circunstancia le acarrea a la misma una serie de peligros que provienen de su falta de registración.

La ley Provincial 10.479 de Areas Naturales Protegidas establece el Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas. El mismo las clasifica en siete categorías distintas, que van desde Reservas Naturales Estrictas (en las que no se permite ninguna actividad) hasta las denominadas Reservas de Usos Múltiples. En estas últimas se permite el desarrollo de actividades productivas dentro de la reserva, pero sin embargo -y he aquí un punto central de la cuestión- se requiere siempre un Plan de Manejo del área que será –junto con otros requisitos- lo que permita saber de antemano qué se puede hacer -y qué no- en esa concreta Área Natural.

La indocumentación en la que se mantiene a la Reserva Natural Las Piedras le provoca así una clara desprotección. Por ello una primera tarea, antes que cualquier otra, sería la de producir su inscripción en alguna de las categorías legales, siempre con una previa audiencia pública y amplia participación de la comunidad. En ese marco, y con intervención de la gente, de técnicos y de universidades, se podrá determinar, a cubierto de cualquier coyuntura o conveniencia política, cuál es la categoría más conveniente para inscribir a Las Piedras. Adelanto que, si bien el tema excede cualquier incumbencia que me pudiera atribuir, entiendo que una Reserva Estricta sería lo más conveniente. Ello en primer lugar por una cuestión de dimensión. En efecto, estamos hablando de un predio que apenas excede en su totalidad las 300 ha. Esto significa que los límites para que pueda evolucionar la genética de las especies, en especial las animales, resulta demasiado limitado como para que, encima, la asignación de usos múltiples acote más aún las posibilidades biológicas de dichas especies. A ello le debemos agregar un dato histórico, y es de que la reserva cobijaba con anterioridad actividades educativas del Instituto Agrotécnico, mucho menos invasivas y –por concepto- más cuidadas que la producción y que, sin embargo, fueron extirpadas del lugar argumentándose necesidades de mayor preservación.

Por principio, los principios

Sabido es el desarrollo que ha tenido en los últimos años la tutela del ambiente en las leyes, la Constitución y los tratados internacionales. Ellos han establecido determinados principios que debemos tener como norte en este tema de Las Piedras. Uno de ellos es el de Prevención, en el sentido de no esperar que algún daño se consume para actuar en defensa del ambiente. Otro es el de precaución que nos lleva a movilizarnos preventivamente aún ante la sola sospecha de peligro. También cabe mencionar el principio de Progresividad, según el cual no corresponde retroceder en el status de protección ambiental, en este caso, de la Reseva Natural Las Piedras.

Sobre la base de estos principios, del libre acceso a la información ambiental, así como de muchos otros que rigen la materia, deberemos analizar, conjuntamente y con la debida calma el tema. Ésa es la única manera en la que podemos cuanto menos intentar hacer realidad el derecho que nos otorga la Constitución Nacional a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales  y llegar a un resultado más provechoso y justo para toda la comunidad.