Comienza este lunes el juicio al exgobernador Urribarri

El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, junto a exfuncionarios de sus dos gestiones de gobierno, familiares y empresarios, enfrentarán desde este lunes a las 9 un megajuicio por supuestos hechos de corrupción en Entre Ríos. El hilo vertebrador de este proceso judicial se condensa en tres causas, donde se busca establecer si el Estado entrerriano a través de distintos dispositivos de contratación financió la campaña presidencial del entonces primer mandatario entrerriano, quien se había presentado como precandidato para llegar al sillón de Rivadavia dentro del espacio que lideraba Cristina Fernández de Kirchner.

Urribarri también enfrentará otros dos procesos por el presunto direccionamiento de contratos públicos para favorecer a las empresas de publicidad Next SRL y Tep SRL, ligadas al cuñado del diplomático, y a Global Means SRL, del empresario Germán Buffa.

El debate será dirigido por el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, quienes rechazaron el planteo de los abogados defensores de aplazar el juicio por entender que no estaban dadas las condiciones sanitarias para desarrollar un proceso que requiere la presencia de un número importante de testigos y operadores judiciales.

A pesar de la solicitud, los jueces desistieron de esa posibilidad, en coincidencia con el argumento de la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, quien indicó que desde el 5 de agosto rige la presencialidad plena en el Poder Judicial, y que por acuerdo general, se autorizó la realización de juicios. Anteriormente el debate había sido suspendido en cuatro oportunidades.

Se pudo saber que las audiencias serán los días lunes, martes y jueves, con una asistencia máxima de asistentes, entre jueces, secretarios, fiscales, defensores, testigos e imputados, de 35 personas.

Se prevé que el actual embajador argentino en Israel participe de las audiencias a través del sistema de videoconferencia desde Tel Aviv.

*Legajos, imputados y penas

Los fiscales Patricia Yedro, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, tramitaron por separado tres causas distintas llamadas “Solicitada”, “Cumbre del Mercosur”, y Parador de Mar del Plata”, entre otras que se unificaron en este juicio oral.

Son tres legajos donde se investigan hechos ocurridos durante la campaña proselitista conocida como “Sueño entrerriano”.

En el primer hecho imputado, que lleva el número de legajo N° 61.211, los fiscales sostienen que Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, sustrajeron más de 4.000.000 de pesos para difundir una solicitada titulada “Acuerdo de Compromiso para la Reafirmación Democrática Argentina”, publicada en junio de 2014. En esto caso, cuyo legajo es N° 61.211, los imputados son Urrribarri y Báez.

En cuanto al expediente Cumbre del Mercosur (legajo N° 29885), se refiere a la organización de la reunión de los presidentes de ese bloque económico en Paraná, en diciembre de 2014. Los fiscales determinaron que el monto sustraído es 31.461.000 pesos.

En la acusación también se sostiene que el dinero público era para promocionar la cumbre pero el exgobernador “lo usó para su beneficio personal a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura”.

Bajo la misma hipótesis consideraron que “se direccionó la contratación de la difusión nacional de los cuatro spots referidos, a favor de la empresa Nelly Entertaiment S.A. en la persona de su presidente Jorge Ernesto Rodríguez”.

Al igual que Urribarri y Báez, en este legajo fueron imputados Gustavo Javier Tórtul y Hugo Félix Céspedes.

Una de las estrategias utilizadas por Urribarri para posicionar su campaña presidencial fue la instalación de un parador en Mar del Plata. En cuanto a esa operatoria los fiscales estiman que el monto sustraído fue de 14.561.870 pesos.

Los delitos que se le atribuyen al exmandatario son Peculado, Defraudación a la Administración Pública y Negociaciones Incompatibles, por los cuales se solicitarán 9 años de prisión efectiva.

Fuente: Uno Entre Ríos