Jonathan Rodrí­guez fue condenado a 15 años de prisión efectiva por el crimen de Sergio Gómez

Jonathan Rodríguez, de 28 años, fue condenado a 15 años de prisión por el crimen de Sergio Gómez, hecho ocurrido el 10 de mayo de 2020 en el barrio La Cantera. Así lo informó en RADIO MÁXIMA el Juez Mauricio Derudi, luego de que Rodríguez fuera declarado culpable en el marco de un Juicio por Jurados.

En la audiencia, estuvieron presentes en la sala el Fiscal Coordinador, Lisandro Beherán, el Fiscal de la Investigación Penal Preparatoria, Mauricio Guerrero, quienes habían solicitado, en el cierre de los alegatos, 16 años de cárcel para Rodríguez. También asistió el abogado querellante José Morrison, en representación de la esposa de Gómez y su familia, que había pedido una pena de 23 años y la defensa del culpable, ejercida por Víctor Rebossio, que había solicitado la mínima pena para Rodríguez.

Derudi explicó que en la audiencia celebrada esta mañana en los Tribunales de Gualeguaychú y “en virtud de todas las circunstancias previstas en el artículo 41 del Código Penal de la Nación, consideré y fallé que la pena que le correspondía al acusado Jonathan Rodríguez es de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo y también dispuse la prórroga de la prisión preventiva del imputado hasta que la sentencia quede firme. Se ha dispuesto que a partir de hoy quede alojado en la Unidad Penal 9”.

El Magistrado especificó brevemente que “se trata de un homicidio simple y eso no lo defino yo sino el Código Penal en su artículo 79, que establece para estos casos una escala penal que va de los 8 a los 25 años de prisión. Ninguna de las partes solicitó la reclusión perpetua en sus alegatos porque esa pena solo está prevista para los casos de homicidio agravado. Las partes acusadoras –Fiscalía y querella particular- acusaron por homicidio simple y por eso me tengo que regir pero además el Jurado que actuó, hallo culpable al acusado de homicidio simple”.

Finalmente Derudi afirmó que “quienes decidimos la pena a aplicar debemos evaluar lo que establece el legislador para una persona que priva de la vida a otra, no se valora la pérdida de una vida sino lo que hacen los legisladores y no los jueces, es una escala posible para estos casos”.