ARA San Juan: Ordenan un Consejo de Guerra contra 8 militares por las muertes de los 44 tripulantes

El Gobierno Nacional, a través del ministro de Defensa, Agustín Rossi, dispuso la realización de un Consejo de Guerra contra el ex jefe de la Armada almirante Marcelo Eduardo Srur y otros siete altos oficiales retirados de la Marina durante la gestión del ex presidente Macri, todos imputados por “infracciones gravísimas” ocurridas antes, durante y después del hundimiento del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo.  El Tribunal militar quedará constituido el 25 de noviembre próximo en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor General del Ejército y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El anuncio se conoce a pocos días del tercer aniversario del hundimiento del submarino en el que perecieron todos sus tripulantes.

El Presidente del Consejo de Guerra será el Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Aníbal Rossi, los vocales serán el General de Brigada Juan Martín Paleo y el Brigadier Pedro Esteban Girardi. Como Secretario del Consejo de Guerra actuará el Comodoro Angel Rojo y como Auditor intervendrá el General de Justicia Juan Antonio Stanchina.

Uno de los artículos citados en la convocatoria al Consejo de Guerra, es el que sanciona al militar que “en tiempo de guerra o en operaciones” ordenadas por las fuerzas “perdiera la unidad confiada a sus órdenes, provocara daño a la tropa o al equipamiento”. Y también por no haber tomado “las medidas preventivas necesarias” para evitar que eso ocurriera. Del mismo modo se penaliza el hecho de “no solicitar con la debida antelación el auxilio requerido”, entre otros puntos.

La sanción más grave que pueden recibir los acusados si fueran encontrados culpables, es la destitución y la consecuente baja de la Armada, lo que les haría perder todos los beneficios de que gozan hoy como personal retirado. No obstante, otras posibles sanciones penales a estos ocho oficiales de la Armada, seguirán siendo analizadas por la Justicia Federal en el proceso que se sustancia de forma paralela.

Lo que se va a juzgar en el proceso militar se refiere a las graves deficiencias que tenía el ARA San Juan al momento de la partida, que ya habían sido evidenciadas en una misión anterior a la que realizaban el 15 de noviembre de 2017, fecha en la que se perdió contacto con la nave. El Consejo de Guerra debe determinar las “responsabilidades disciplinarias encuadradas dentro de las previsiones” del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Se analizan en principio las “infracciones gravísimas” y también aquellas que, sin alcanzar el mismo nivel de gravedad, puedan surgir de la investigación de los autores navales.

Junto con el Almirante Srur, estará en el banquillo de los acusados será el ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Contralmirante Enrique López Mazzeo, quien en la causa civil, que se tramita en el Juzgado Federal de Caleta Olivia a cargo de Marta Yañez, reveló hace unos días que el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad tuvo información sobre el lugar del naufragio a los 20 días de la desaparición de la nave, pero la mantuvo en secreto durante casi un año. Precisamente, entre las irregularidades, ocultamientos y negligencias que se cree que sucedieron, durante el juicio militar se analizarán ciertos episodios ocurrido durante las tareas de búsqueda del submarino, que se prolongaron –según la versión oficial ahora puesta en crisis por López Mazzeo—, hasta el 16 de noviembre de 2018, cuando se anunció oficialmente del hallazgo.

También deberán comparecer otros seis oficiales: el capitán de navío Carlos Ferraro, quien estuvo al frente del Proyecto Submarinos, el capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de Submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del Departamento de Logística de la fuerza submarina.

Todos ellos están imputados en la causa penal federal de Caleta Olivia, y se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”. La convocatoria del Consejo de Guerra se hizo ahora en el marco del legajo disciplinario ordenado en su momento, luego del hundimiento, por el ex ministro de Defensa Oscar Aguad.