Avanza la causa por venta de armas en Tribunales.
Este miércoles indagarán al perito balÃstico del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Antonio Vitali, con prisión domiciliaria en el marco de esta investigación y a quien se le hizo una restricción por sospechas de “aprietes†a ex compañeros de trabajo. Además, se conoció que algunas negociaciones ilegales con las armas podrÃan datar de hace unos cinco años atrás.
A solo un par de dÃas de cumplirse una semana de la explosión del escándalo que arrasó con la confianza que la sociedad tenÃa en la Justicia como la encargada de velar por las armas que se retiraban de la calle a través del trabajo policÃaco, se continúa llevando adelante el conteo del material armamentÃstico secuestrado y depositado en el Palacio de Justicia.
Por otra parte, mientras se aguarda la indagatoria del licenciado Antonio Vitali, perito balÃstico del Superior Tribunal de Justicia, siguen surgiendo novedades a través de trascendidos, que transmiten además del estado de preocupación de la cúpula judicial, el desconcierto al tratar de entender que la actividad delictiva descubierta en febrero de este año y que surgiera a la luz la semana pasada, tendrÃa una antigüedad de al menos cinco años o más, sin que nadie sospechara que esto sucedÃa, hasta que surgió en forma totalmente fortuita.
Por cierto y evitando todo tipo de ingenuidad, estos datos -que aún no se pueden confirmar oficialmente a través de quienes manejan judicialmente la causa-, son parte de comentarios en altas esferas de Tribunales, acompañados por gestos de asombro y rostros boquiabiertos. Son datos que estarÃan surgiendo de boca de algunos de los involucrados que permanecen detenidos y que no quieren cargar solos sobre sus espaldas con responsabilidades que habrÃan estado repartidas, como quizá alguna vez se repartieron las ganancias.
No obstante, al margen de la preocupación por el hecho en sÃ, aparentemente, a las autoridades judiciales, les continúa causando desvelos no solo el ya imparable escándalo institucional y el hecho de cómo reorganizar esto y desengañarse de la confianza ciega depositada en algunas personas: también la trascendencia periodÃstica del dÃa a dÃa.
Sabido es que existe un “Secreto de Sumarioâ€, solicitado por el fiscal Ignacio Aramberry e instaurado por el juez de GarantÃas a cargo de la causa, pero esto no quita que detalles que no perjudican el avance de la investigación y que puedan salir de boca del mismo fiscal o de su entorno, sean requeridos por algún trabajador de prensa.
Finalmente, El Diario pudo mantener un contacto telefónico con el doctor Aramberry, quien, respetando el secreto sumarial informó sobre los pasos a seguir en esta investigación.
Indagatoria
Entre las novedades sobre la causa de la presunta venta de armas de los depósitos de Tribunales al mercado negro, y bajo la posible carátula de Peculado, el doctor Aramberry informó que en la jornada de hoy, miércoles, se va a efectuar la indagatoria al licenciado Antonio Vitali como imputado.
“La medida se va a llevar a cabo a partir de las 10.30 en el domicilio de esta persona, ya que por razones de salud no se ha podido trasladar a la FiscalÃaâ€, expresó.
Vitali estarÃa convaleciente de una intervención de próstata, al margen de lo cual el dÃa del allanamiento en su domicilio de calle Fraternidad, se lo pudo observar trasladándose por sus propios medios por el frente de su casa, incluso, charlando con ex camaradas, tomando en cuenta que, hasta ingresar como funcionario judicial, Vitali perteneció a las filas de la PolicÃa de Entre RÃos, siendo uno de sus últimos destinos la subjefatura de la comisarÃa de Bajada Grande, donde la vecindad que clamaba por seguridad llegó a apreciarlo por su fama de “guacheador†de delincuentes. De hecho, antes de poder ingresar a la Justicia como Perito, tuvo que zafar de varias denuncias por su conducta policial en aquella época.
Restricción
En las últimas horas, en los corrillos de los Tribunales surgieron versiones que mencionaban la tensión y la preocupación de algunos empleados con desempeños cercanos a la oficina que ocupaba el licenciado Vitali. Al parecer, los temores tenÃan su fundamento, ya que se estima que estos empleados y muchas otras personas empiezan a engrosar las listas de quienes serán citados oportunamente a declarar como testigos en la causa. Pues bien, la novedad tiene que ver con que llegó a oÃdos del fiscal de la causa la posible existencia de llamados telefónicos que habrÃan sido recibidos por personas claves en esas oficinas, intimándolas a guardar silencio y que estos llamados podrÃan haber sido realizados por el profesional imputado.
Consultado sobre este hecho, que de confirmarse serÃa gravÃsimo, el doctor Ignacio Aramberri contestó: “Puedo confirmar que recibà en forma oral esa información y que inmediatamente se tomaron las medidas pertinentes del caso con una restricción otorgada por el juez de GarantÃas. Aclaro que no existen denuncias formales sobre amenazas o llamados intimidatorios, pero sà comunicaciones verbales que me pusieron en conocimiento de una situación anómala, por lo que solicité medidas al juez de GarantÃas y en esta jornada -por ayer- se envió una resolución a través de personal policial, informando al señor Vitali de una restricción vigente, para que se abstenga de comunicarse telefónicamente con cualquier empleado de Tribunales de cualquier área y especÃficamente de su área laboralâ€, informó Aramberri.
Al parecer, los llamados habrÃan sido efectuados entre el domingo y el lunes de esta semana.
Puertas cerradas para periodistas
Llamativamente ayer se notó el estado de nerviosismo que se podrÃa atribuir a algunas autoridades judiciales, que dieron directivas precisas al personal policial del destacamento de Tribunales, ordenándoles que ante la presencia de cualquier periodista que llegue hasta el edificio, no pueda poner un solo pie adentro.
“Discúlpeme, pero tenemos órdenes precisas de no dejar pasar a ningún periodistaâ€, le espetó un uniformado ayer de tarde a un cronista, cuando solo intentaba ingresar al edificio de calle Laprida a consultar objetivamente si se continuaba con la contabilidad en los depósitos y si se hallaba en el sector el fiscal Aramberry.
Los esfuerzos por explicarle al uniformado que el fiscal mencionado, e incluso la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche tuvieron en la jornada contactos con algunos medios y que se no estaba ingresando con cámaras o encubiertamente a obtener datos clasificados, fueron inútiles.
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