Tres ex altos cargos de la Presidencia uruguaya dijeron que validaron la versión redactada en inglés del acuerdo porque sino "era imposible continuar el negocio con UPM". La decisión implicó que Botnia pague un 100 por ciento menos de canon por el uso del tren.
Los tres ex altos funcionarios frenteamplistas Miguel Toma, Juan Andrés Roballo y Álvaro García que firmaron en nombre del Estado uruguayo el contrato original de 2017, para la instalación de la segunda pastera de UPM a orillas del río Negro dijeron que “hubo errores de tipeo” en dicho documento y que eso implicó que se suscribieran, en abril de 2018 y julio de 2019 respectivamente, “enmiendas y un Contrato Complementario con UPM”, para subsanar las “equivocaciones”. Lo que no dijeron los tres imputados es que una de esas resoluciones firmadas por el entonces presidente Tabaré Vázquez, la que aprobaba las “enmiendas” al contrato original, se mantuvo en secreto entre el 9 de abril de 2018 y el 15 de mayo de 2019. Ahora serán citados a indagatoria dos altos cargos de Botnia en Uruguay.
Los ex colaboradores directos de Vázquez, prestaron declaración en el marco de las audiencias en las que fueron indagados por el Fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez, que investiga presuntas irregularidades en el acuerdo original celebrado con los finlandeses el 7 de noviembre de 2017 y en el Contrato Complementario, que fue aprobado el 15 de julio de 2019. García, Roballo y Toma se presentaron en la Fiscalía, asistidos por los abogados Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez y sus argumentos fueron similares: señalaron que en el contrato en español firmado con UPM -que incluye 7 Anexos y 500 disposiciones-, hubo un error y cinco erratas que no están en el documento en inglés. Según los tres estrechos colaboradores de extrema confianza del ex Presidente Tabaré Vázquez, “en el texto en español se estableció, por error de tipeo, que el precio que iba a pagar UPM por tonelada y por kilómetro en el tren desde Fray Bentos a Montevideo sería de medio dólar, cuando en realidad se trata de medio centavo de dólar”. Es decir, en el contrato en español el precio de la carga era 100 veces superior al establecido en el contrato concretado en inglés. Según afirmaron los imputados, “pocas semanas después se detectó el yerro y fue corregido”.
Lo cierto es que en el Contrato ROU-UPM de noviembre de 2017, existían dos cláusulas transitorias que establecían que ambas partes podían retirarse del acuerdo sin siquiera informar a la otra sobre los motivos antes de la decisión de inversión, cuyo vencimiento operaba en febrero de 2020. Sin embargo, el 9 de abril de 2018, el gobierno de Tabaré Vázquez dictó la Resolución 154 por la cual se aprobaban las “enmiendas que hayan sido realizadas al Contrato de Inversión y sus Anexos”. Esa Resolución, se mantuvo secreta hasta el 15 de mayo de 2019. Dos meses más tarde, el 15 de julio de 2019, se conoció la Resolución 840, abrobando el Contrato Complementario ROU-UPM, que establece la validez de la versión en inglés del acuerdo original. En dicho documento oficial, Tabaré Vázquez “facultó” a Toma y Roballo para que “efectúen los ajustes de texto del Contrato Complementario que pudieran surgir previo a su suscripción”.
De más está decir lo que sucedió a continuación: la corporación finlandesa confirmó la inversión, obviamente porque se hicieron “los ajustes de texto”. Así fue que Botnia se aseguró que el canon que va a pagar al Estado uruguayo, por el traslado de pasta de celulosa y material por kilómetro y tonelada en los trenes que circulen entre Paso de los Toros y el Puerto de Montevideo, se redujera en un 100 por ciento, con el consiguiente perjuicio a las arcas públicas.
Y esto es tan así que los ex funcionarios de la Presidencia García, Roballo y Toma no tuvieron más remedio que admitirlo ante el Fiscal Rodríguez Los tres manifestaron en la Fiscalía de Delitos Económicos de Montevideo que “era imposible continuar el negocio con UPM si se hubiera querido mantener lo que decía el contrato en español”.
Ahora, el Fiscal Rodríguez se apresta a convocar en calidad de imputados y para ser indagados, a los Apoderados de Botnia en Uruguay para el Proyecto UPM 2, Javier Solari y Gonzalo Giambruno y también tiene previsto citar al ex presidente Tabaré Vázquez.
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