Concejales de Creer Entre Rí­os presentan proyecto de ordenanza sobre protocolo de actuación en casos de violencia de género

El bloque de concejales de Creer Entre Ríos trabajó en este proyecto en el que se pueden destacar los siguientes considerandos:

“Que las leyes nacionales y los tratados internacionales de Derechos Humanos a los cuales el Estado argentino se encuentra adherido, reprimen la violencia y discriminación basadas en el género, y obligan a los Estados a diseñar e implementar políticas públicas para su eliminación”, y “Que el objetivo principal de una política con perspectiva de género es modificar los estereotipos culturales que perpetúan el sistema patriarcal, del que no están ajenas las instituciones sean públicas o privadas, para prevenir y finalmente erradicar la violencia contra la mujer”.

“Que los ámbitos laborales, como los otros espacios sociales donde llevamos a cabo nuestras actividades, no están exentos de expresiones de violencia y que la violencia laboral implica una práctica que atenta contra la dignidad humana y provoca efectos perjudiciales sobre la integridad física y psíquica”; “Que existen dentro de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible los objetivos de contribuir a la “igualdad de género” y la “reducción de la desigualdades” (objetivos 5 y 10 respectivamente) y como una de las metas principales la de poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo y eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación (5.1 y 5.2)”.

También, “que existe consenso en que para una protección efectiva debe existir una escucha adecuada y para ello los mecanismos de acción y aplicación de las normas debes ser los adecuados, con el aporte ineludible de las diversas disciplinas” y “que si bien el fin último es la erradicación de la violencia de género, resulta a su vez, imprescindible, que el acceso a la Justicia se encuentre garantizado por el Estado”.