La masiva protesta social obliga al Gobernador de Mendoza a ceder y no aplicar la nueva ley de megaminerí­a

Tras las masivas protestas en contra de la reforma que habilitó el uso de sustancias tóxicas, entre ellas el cianuro y el ácido sulfúrico en las explotaciones mineras en territorio mendocino, el gobernador de esa provincia Rodolfo Suárez dio marcha atrás con la reglamentación de la nueva ley sancionada por la Legislatura. El mandatario radical, en conferencia de prensa acaba de anunciar que los cambios por ahora no entrarán en vigencia: “Aparentemente (la nueva ley) no tendría la legitimidad del pueblo", dijo. Igualmente Suárez defendió su proyecto y acusó a las asambleas ambientales de su provincia de engañar a la gente: “Es mentira que donde hay una explotación minera hay contaminación" y dijo que los ambientalistas son “unos violentos”.

El rechazo popular en las calles contra los cambios a ley 7.722 tuvo sus frutos. Finalmente, el gobernador Rodolfo Suárez anunció que no reglamentará la reforma que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico para la explotación minera: "No va a estar vigente esta ley hasta que no se reglamente y vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo y a la información de la gente", anunció Suarez ante los periodistas.

La norma está ya sancionada, publicada y promulgada pero restaba su reglamentación, proceso legal que ahora quedará en suspenso hasta que se abra el espacio de diálogo anunciado por el Gobernador. El siguiente paso sería la convocatoria a una consulta vinculante.

Suárez alegó que su decisión intenta llevar "paz social" ante supuestos "hechos de violencia en la provincia". El Arzobispado de Mendoza, había expresado su rechazo absoluto a la nueva ley y pidió al Gobernador que la vetara, algo que no sucedió. Ayer miércoles, la CORENAVE, que nuclea al colectivo de reinas de la Vendimia, amenazó con suspender todos los eventos departamentales previos y la mismísima Fiesta Nacional de la Vendimia si no se cambiaba la ley. Por su parte, numerosas asambleas ambientales ya habían lanzado nuevas convocatorias a marchar masivamente para repudiar la ley.

Los ambientalistas creen que ésta decisión adoptada por el gobernador Suárez puede leerse como "una señal de debilidad" de la Administración y que la apuesta del mandatario será la de "convencer a la gente" en ese futuro espacio de diálogo. "Si no resulta lo que está buscando, llamará una consulta vinculante", resaltaron.

Como suele suceder siempre en las cuestiones relacionadas con la contaminación ambiental que provoca serios riesgos para la salud de las personas –como el caso de las fumigaciones-  el gobernador Suárez durante la conferencia de prensa de este jueves, insultó la inteligencia de la población, a quien acusó de no "estar entendiendo" a lo que apunta la nueva ley y que se está intentando "asustar" a la gente con desinformación. "La prioridad es garantizar la paz social. No voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino. Vamos a convocar al Arzobispado, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las universidades, a las distintas organizaciones. No vamos a hacer nada sin consenso social", agregó.

Como no podía ser de otra forma, Suárez justificó el accionar violento de las fuerzas de seguridad en las últimas marchas y negó cualquier tipo de represión. "Este debate oculto, dogmático, sin fundamentos y en base al miedo no nos está haciendo bien. No queremos que unos violentos nos ganen este debate. Es mentira que donde hay una explotación minera hay contaminación", dijo apuntándole directamente a los movimientos ambientales, a los que Suárez detesta profundamente.