El Gobierno insiste para que la CARU evalúe el impacto ambiental de UPM 2

Una vez que el Estado uruguayo y UPM firmen el acuerdo definitivo para la concreción de la segunda pastera de Paso de los Toros, el Gobierno argentino solicitará a través de la CARU toda la documentación del proyecto e insistirá ante Uruguay sobre la necesidad de evaluar el muy probable impacto ambiental que provocarán los vertidos contaminantes de la futura planta de celulosa que, a través del río Negro, terminarán indefectiblemente en las aguas del río Uruguay. Así lo manifestó el Embajador argentino en el vecino país, Mario Barletta.

En el marco de la ceremonia por el 209° Aniversario de la Revolución de Mayo, que tuvo lugar este viernes en la Plaza Independencia de Montevideo, el Embajador Barletta, indicó que se pretende monitorear las aguas del río Negro en su desembocadura sobre el Río Uruguay.

El diplomático argentino reveló que la Cancillería de nuestro país ha presentado ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) una solicitud para que dictamine si dicho organismo tiene competencia para abordar el asunto de los efluentes de la futura planta de celulosa UPM2 que, de forma ineludible, terminarán en el río Uruguay a través de las aguas de su afluente, el río Negro.

Pero hay un detalle clave a tener en cuenta. El río Negro no es únicamente un afluente del Río Uruguay. A los efectos de la CARU, el río Negro está considerado también un efluente, término definido como “toda evacuación líquida deliberada que desde fuente puntual terrestre se derive en forma directa o indirecta al medio acuático”, en el Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay.

El mismo Digesto del Río Uruguay, más precisamente en su Capítulo 5°, Sección 1° (Condiciones de los Efluentes), dispone claramente: “Art. 2°) A todos los efectos del presente Capítulo, los afluentes del Río en lo referente a la calidad de sus aguas, en su desembocadura, serán considerados como efluentes”.

Por lo tanto, la CARU deberá dictaminar que, efectivamente, tiene competencia y jurisdicción para monitorear la zona de la desembocadura del río Negro.

Según explicó Barletta, una vez definida la competencia de la CARU, nuestro país pedirá a través del organismo binacional, toda la información sobre el proyecto “a medida que avancen las negociaciones entre el Estado uruguayo y la empresa UPM”.  La Autorización Ambiental Previa que habilita el proyecto ya fue emitida el 14 de mayo y actualmente, lo único que resta para la firma del Contrato Final es la aprobación de la inversión por parte del Bureau de Accionistas de la corporación finlandesa.

En tal sentido, el Estado Uruguayo está obligado a entregar la documentación sobre el proyecto de la futura pastera a la Argentina para que los equipos técnicos de la CARU evalue los posibles impactos del proyecto. El Estatuto del Río Uruguay lo establece taxativamente en su Artículo 7°: “La Parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del Río y la calidad de sus aguas: deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra Parte. Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la Parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra Parte a través de la misma Comisión. En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la Parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del Río o a la calidad de sus aguas”.

El 8 de mayo último, el Intendente Martín Piaggio acompañado del Vice Intendente Jorge Maradey, funcionarios de su gabinete y dos representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, fueron recibidos en la Cancillería. En la audiencia, que se prolongó por más de una hora, el Subsecretario de Asuntos de América, Leopoldo Sahores, comunicó que nuestro país había decidido –en el caso de UPM2- poner en marcha el Procedimiento de Consultas dispuesto en los artículos 7° al 12° del Estatuto del Río Uruguay, además de requerir información adicional sobre la planta química Kemira, encargada de suministrar insumos químicos para la pastera que los finlandeses tienen en Fray Bentos.