Carlos Goldaracena: "Nos estamos alimentando con productos contaminados"

“Entre el año 2011 y 2016 se han venido haciendo estudios de frutas y verduras investigando en diferentes lugares. Si bien fueron datos que no trascendieron, se supo que  la mayoría tenía restos de plaguicidas, llegando a 18 pestizidas en algunas de estas frutas y verduras”, manifestó en Radio Máxima el doctor Carlos Augusto Goldaracena.

Pero también Goldaracena analizó el comportamiento de los organismos oficiales con estos datos: “El Senasa  no tuvo en cuenta el poder acumulativo, porque solamente se dio a conocer aquellas frutas y verduras  que superaban los límites máximos permitibles, LMR (Límites Máximos de Residuos),  pero sin tener en cuenta el  efecto acumulativo de los otros”

En estos productos, se  encontraron plaguicidas que están totalmente prohibidos, lo que representa un enorme riesgo para la salud de la gente. Esta es una problemática muy seria pero recién ahora se está conociendo a  partir de las denuncias”.

En cuanto a los estudios que se deben realizar, Goldaracena expresó que “Son análisis muy caros por lo que es casi imposible de manera particular, por la aparotología que se requiere y porque el costo”.

 “Todos los plaguicidas son tóxicos, por lo que tendría que el estado,  formar gente para empezar a producir de otra manera, realizando producciones  sin el uso de estos productos”.

Frutas y verduras con agroquímicos

Casi el 98% de las partidas de peras ofertadas entre 2011 y 2013 en el Mercado Central de Buenos Aires y sus similares de La Plata y General Pueyrredón -Mar del Plata- dieron positivo en 20 variedades de insecticidas y fungicidas. Prácticamente el 93% de las muestras de apio monitoreadas en los mismos puntos evidenció restos de 16 agroquímicos. Más del 91% de las mandarinas que se comercializaron por entonces en estos también centros de distribución presentaron trazas de otros 16 pesticidas.

Las manzanas, otro ejemplo: el 85% de la fruta reveló presencia de 22 tipos de insecticidas, fungicidas y acaricidas. El 76,6% de las muestras de frutilla expuso restos de 17 plaguicidas. De un total de 27 frutas, verduras y producciones similares relevadas, sólo 4 variedades dieron 0 en contaminación: cebolla, batata, yerba mate y almendras.

Ya en 2016, una experiencia similar -aunque asentada de otra manera en distintos expedientes- fue más allá: ubicó que el 65,4% de las partidas de apio puestas a la venta en los mismos sitios contenía concentraciones de, principalmente, insecticidas y fungicidas por encima de los LMR (Límites Máximos de Residuos) que fija la normativa vigente en la Argentina para este tipo de alimentos.

En total, se constató la presencia de 21 agroquímicos sólo en ese producto, entre ellos el insecticida endosulfán, de uso prohibido en la Argentina desde mediados de 2013. En la zanahoria, el 62,5% de las muestras analizadas dio un resultado similar -6 principios activos, divididos entre insecticidas y fungicidas-.

El pimiento no fue la excepción: el 50% de las muestras reveló una concentración de tóxicos que viola las pautas legales. Se ubicaron 3 pesticidas. En el caso de la frutilla, el 41,6% de la fruta analizada entre 2014 y 2016 también arrojó como resultado una contaminación superior a lo fijado por los LMR. Diecisiete agroquímicos detectados. De 34 productos monitoreados, apenas 8 se ubicaron dentro de lo permitido. O sea, respetando los límites prefijados. Eso sí, estos últimos expedientes no aclaran si en aquellos casos en los que no se violaron los LMR se detectaron o no trazas de agroquímicos en la fruta y la verdura.

Los expedientes del SENASA

Todo este detalle se encuentra volcado en sendos documentos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a los que, por pedido legal, accedió la ONG ambientalista Naturaleza de Derechos y que fueron acercados a quien aquí escribe en las últimas horas. El material dio origen a un artículo firmado por este periodista para el portal de noticias Adelanto 24.

En concreto, los resultados revelan que el Estado argentino sabe que prácticamente el total de las frutas y verduras que se comercializan en el país se encuentra de alguna forma contaminado con agroquímicos.

“Los datos forman parte de la respuesta de SENASA a un pedido de registros de controles que se hayan llevado a cabo en los últimos 5 años en el Mercado Central y los regionales de La Plata y Pueyrredón. La realidad es que se trata de información contundente aunque incompleta: SENASA en ningún momento aclara las cantidades ubicadas en cada producto y qué decisión tomó respecto del destino de tanta fruta y verdura contaminada”, comentó Fernando Cabaleiro, abogado y titular de Naturaleza de Derechos.

“Las planillas que entregó el organismo corresponden a controles en 2013 y 2016. Y varían en la forma en que se asentaron los datos. En la primera experiencia SENASA expuso en detalle todos los casos positivos de contaminación. Ya en el trabajo de 2016 se cuidó y sólo mencionó a aquellos que superaron los límites permitidos. Nunca precisó si igual ubicó agroquímicos en las frutas y verduras que no violaron la pauta de toxicidad establecida”, agregó.

Según Cabaleiro, los datos fueron entregados sólo cuando Naturaleza de Derechos dio un plazo con promesa anticipada de acción legal en caso de ser incumplido. “Acá es el propio Estado el que reconoce que las frutas y las verduras llegan a los mercados totalmente contaminadas. Igualmente, el SENASA contestó con información parcial, muy mal elaborada. Eso expone que hay un desinterés del mismo organismo respecto de lo que ocurre”, dijo a este periodista.

Los productos relevados

Entre todos ellos, se destacan estos nombres:

•Acetamiprid: insecticida neonicotinoide de uso limitado en Europa por su capacidad para extinguir las poblaciones de abejas melíferas.
•Acrinatrina: insecticida piretroide vinculado a la cipermetrina, letal para abejas y peces. Este último aparece como uno de los desarrollos que, en combinación con otros pesticidas, viene originando casos de polineuropatías tóxicas y trastornos en el sistema nervioso periférico como el denunciado por Fabián Tomasi, ex empleado de una compañía fumigadora de Basabilbaso, provincia de Entre Ríos.
•Clorotalonil: fungicida, capaz de dañar piel y ojos si se lo aplica sin protección. Tóxico para peces y cualquier organismo acuático en general.
•Carbendazim: fungicida, muy cerca de prohibirse en Europa por su comprobado comportamiento de disruptor endocrino. Además, su ingrediente activo, la carbendazima, puede afectar la fertilidad masculina.
•Bifentrin: insecticida piretroide.
•Carbaril: insecticida. Potencialmente cancerígeno para los humanos. Acaba con crustáceos y abejas. En la actualidad, de uso prohibido en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Dinamarca y Austria, entre otros países. Un documento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) publicado el 15 de octubre de 2013, y firmado por Mariela Curetti, ingeniera agrónoma de la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle, reconoce: “De utilizarse este raleador, no debe olvidarse que se trata de un insecticida que afecta a las abejas y puede generar residuos en la fruta, una limitante especialmente en variedades de cosecha temprana como Gala.”
•Clorpirifos: insecticida organofosforado. Uno de los plaguicidas más utilizados en la agricultura de la Argentina. Dow, su desarrolladora, fue multada en 1995 y 2003 por ocultar casi 250 casos de intoxicación con ese agroquímico sólo en los Estados Unidos y continuar publicitando al insecticida como producto “seguro”. En la sumatoria de ambas sanciones, Dow culminó desembolsando a modo de pena más de 2,7 millones de dólares. Ya en 2011, un estudio concretado por la universidad norteamericana de Columbia vinculó al insecticida con numerosos casos de niños afectados con retrasos mentales y físicos en zonas cercanas a Nueva York.
•Fenazaquin: acaricida del grupo de las quinazolinas. Muy tóxico para peces y organismos acuáticos en general. Mortífero para las abejas.
•Fludioxonil: fungicida, extremadamente tóxico para organismos acuáticos.
•Iprodione: fungicida. Desde 1996, de uso prohibido para la producción de frutas finas como la cereza en todo Estados Unidos. En un contexto de alta exposición, cancerígeno para los humanos.
•Malation: insecticida organofosforado. Disruptor endocrino.
•Metilazinfos: insecticida organofosforado. Prohibido en la Argentina desde el 31 de marzo de este año. De alta toxicidad para humanos, aves e insectos en general.
•Novaluron: insecticida, del grupo químico de las benzoilureas. Letal para abejas y organismos acuáticos. Prohibido desde 2011 en buena parte de Europa.
•Tiabendazol: fungicida, muy tóxico para peces y organismos acuáticos en general.
•Thiacloprid: insecticida neonicotinoide desarrollado por Bayer. De uso vetado por el grueso de los países de la Unión Europea por atentar contra la supervivencia de las abejas.
•Tiametoxam: insecticida neonicotinoide. Restringido en Francia y Alemania por provocar lo mismo que el Thiacloprid.

Semejante cóctel, queda expuesto en los documentos de SENASA, forma parte de una cultura de producción atada a los agroquímicos a la que no escapa prácticamente ningún cultivo. También hay casos que asustan más que el espanto: en la rúcula, el organismo oficial ubicó partidas contaminadas con DDT, un insecticida cancerígeno de uso prohibido en la Argentina desde 1990.

“Lamentablemente, SENASA no especifica en la información remitida si todos los productos constatados pertenecen a diferentes partidas monitoreadas o si fueron ubicados juntos en una misma fruta o verdura. Los datos incompletos le suman más dramatismo a un resultado catastrófico”, aseguró Cabaleiro.

Lo que sigue para Naturaleza de Derechos es un pedido a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para que este último organismo evalúe la situación química de todos los alimentos desarrollados a partir de estas frutas y verduras.

“Vamos a exigir que se constate si no hay agroquímicos en productos como, por ejemplo, el puré de tomate, los enlatados, las conservas. La uva dio positivo en contaminación ¿qué ocurre con el vino? En tanto los cítricos también encierran trazas ¿qué pasa con las mermeladas? ¿Y con los jugos, las aguas saborizadas? Le vamos a exigir judicialmente a la ANMAT que se expida respecto de todos estos interrogantes”, anticipó el entrevistado.

Antes que sembrar el pánico, la intención del abogado es alentar el reclamo judicial de manera tal que SENASA no sólo ajuste el control si no que, además, haga público el resultado de cada uno de sus monitoreos, informe los cócteles ubicados, y detalle el origen y destino de la mercadería contaminada. “Acá hay un Estado que está mirando para otro lado”, sintetizó Cabaleiro. Para tragedia de cada uno de nosotros, tiene toda la razón.