María Eugenia Covacich trabajó como Psicóloga Forense en la Justicia de nuestra ciudad y en Rosario y ahora lo hace en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
La Licenciada en Psicología María Eugenia Covacich fue designada asesora del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, integrando el equipo de la Asociación Pensamiento Penal, quienes actuarán en nombre de la sociedad civil y las ONG’s, en el organismo autónomo que funciona en el Senado de la Nación, dentro del esquema institucional de las Naciones Unidas.
La Asociación Pensamiento Penal, fue propuesta por diversas organizaciones; entre ellas el Centro de Estudios Penales y Sociales de Gualeguaychú, que presentó el aval para la postulación de Covacich, con el apoyo de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, cuyo titular es Eduardo García Jurado. Precisamente en dicha Facultad trabaja la Licenciada Covacich, quien con anterioridad se desempeñó como Psicóloga Forense en nuestra ciudad y en la Justicia Penal de Rosario
En Entre Ríos, está vigente la ley 10563 la cual, en consonancia con los objetivos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, estableció a nivel provincial una estructura para “fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se encuentran privadas de su libertad… reforzar la protección de las mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación vigente y las normas internacionales”. El Comité Nacional designó como Presidente, al ex diputado nacional Jorge D’Agostino.
En una sociedad democrática y republicana, las garantías individuales son imprescindibles, como límite a cualquier desborde de la autoridad constituida y de los individuos. Constituye la base del contrato social para una argentina que pretende un desarrollo sustentable, en paz, conforme al mandato de las mayorías circunstanciales, en la diversidad y respeto de las minorías, incluidas naturalmente aquellas que se han desviado de la ley , las cuales deben tener el debido proceso -juicio previo y el cumplimiento de la condena-, dentro del marco constitucional.
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