¿Irá a la cárcel el exministro De la Rosa?

Los gremialistas de Upcn que serán llevados a juicio por haber amenazado a la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero son Zunilda Suárez; Fabián Monzón, secretario adjunto del gremio y uno de los siete directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper); los vocales suplentes en el sindicato, José Zarza y Guillermo Barreira; Carina Domínguez, secretaria gremial; y Noemí Ester Santamaría, vocal titular del gremio.

A Barreira y Monzón se les imputa el delito de desobediencia judicial y amenazas, ya que el día de la detención amenazaron a los policías que los detuvieron. En tanto, a Domínguez y a Suárez se les suma la imputación por el presunto delito de coacción en coautoría. En el caso de De la Rosa, se le imputa el presunto delito de coacción agravada y coacción agravada en coautoría.

La posible condena

El hecho de que a los imputados los juzgue un Tribunal unipersonal se debe a que se les imputan delitos con penas inferiores a 10 años. La fiscalía adelantó que solicitará penas que van de uno a siete años de prisión.

Para Monzón y Barreira solicitarán la pena de un año y medio de prisión. En tanto, para el ex ministro De la Rosa, José Zarza (vocal de UPCN), Carina Domínguez (secretaria gremial), Noemí Ester Santamaría (vocal titular del gremio), y Zunilda Suárez, imputados por coacciones agravadas, pedirá una dura condena: 7 años y 6 meses de prisión.

Defensa

Los gremialistas están asistidos legalmente por el abogado Marcos Rodríguez Allende; mientras que el ex ministro cuenta con la asistencia legal de Julio Federik y de Leopoldo Lambruschini. Fuentes de Tribunales indicaron a Entre Ríos Ahora, que el fiscal en el juicio será Gamal Taleb, de la Unidad Fiscal de Victoria, quien colaboró en la investigación penal preparatoria con los fiscales de Diamante, Gilberto Robledo y Laureano Dato.

El 9 de agosto de 2017, De la Rosa buscó ser sobreseído, pero el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Rafael Cotorruelo, rechazó esa pretensión. En el juicio, sus abogados solicitarán que su defendido sea sobreseído, en tanto consideran que no existió el delito de coacciones en coautoría que le imputa la fiscalía. En la misma línea se estima que se expresará la defensa de los gremialistas.

Testigos

Para sostener la acusación, la fiscalía citará al juicio a 29 testigos, entre los cuales hay trabajadores de la Colonia de Salud Mental de Diamante, y la directora Trossero, denunciante en la causa.

Por su parte, la defensa de los gremialistas, a cargo del abogado Rodríguez Allende, convocará a seis testigos, entre ellos algunos enfermeros nucleados en UPCN. El principal testimonio lo brindará Yanina Migueles, la enfermera cuya cesantía motivó la batahola en el Hospital Colonia de Salud Mental.

En el caso de Domínguez y Suárez, imputadas también por coacción en coautoría, por los hechos del 5 de junio, convocarán al secretario general de UPCN y diputado provincial del PJ, José Allende.

Los abogados que representan al ex ministro citarán a Carlos Berbara, director de Salud Mental y Adicciones de la provincia; y Víctor Berta, exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud. Ambos funcionarios respaldaron la orden del entonces ministro para que la directora Trossero reincorpore a Migueles.

¿Quién los juzgará?

Gervasio Labriola será quien juzgue a los siete imputados que tiene la causa caratulada "Zarza José-Barreira Arturo y otros s/coacciones agravadas". Primero iban a ser juzgados por Ricardo Daniel Bonazzola, pero luego de los cambios de diciembre éste volvió a ser juez de Garantías.

Labriola tuvo un veloz ascenso en la estructura del Poder Judicial. Llegó desde la función pública. En 2011 fue coordinador general del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi); luego, el 29 de diciembre de ese año, fue nombrado por el gobierno de Sergio Urribarri como titular del Registro Civil provincial, un histórico bastión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

En 2014 asumió como fiscal auxiliar. El hoy juez es sobrino político de Allende, ya que está casado con Josefina Butta, la hija de Claudia Allende de Butta, hermana del diputado, exfuncionaria del Instituto de Discapacidad.

En octubre, en su entrevista ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Labriola refirió que nunca ejerció como abogado y que siendo titular del Registro Civil, se presentó a concurso en 2012 para el cargo de Fiscal Auxiliar Interino. Su ingreso a la fiscalía se dio formalmente en 2014, donde permaneció hasta 2017.

Fuente: Entre Ríos Ahora