¿Hacia un estado de habilitación permanente?

El ejecutivo municipal ha dictado el decreto 2772 por el cual se fija plazo máximo de caducidad para las habilitaciones comerciales, industriales, de talleres y de servicios. Esta norma afecta desde comercios hasta clubes, pasando por centros de jubilados y fábricas del parque industrial. Para todos ellos establece plazos de 1 a 3 años de duración máxima de sus habilitaciones. Al final de ese periodo al parecer deberían iniciar un nuevo pedido de habilitación.

Por ello es que se ha generado incógnitas en profesionales y emprendedores, y el bloque de concejales de Cambiemos nos ha hecho llegar su inquietud acerca de esta norma. Es constitucional? Es conveniente?

Consideramos en primer lugar que el ejecutivo ha ido más allá de sus atribuciones. La ley 10.027 le da la posibilidad de reglamentar las ordenanzas, pero sin limitar la vigencia en el tiempo de los derechos que adjudican. La ley de habilitaciones vigente concede las mismas sin un límite temporal, supeditando su subsistencia solo al cumplimiento de los reglamentos respectivos. De tal manera, toda la provisoriedad que pueda afectar a una habilitación comercial debe ser administrada por el Concejo Deliberante, que es el órgano legislativo en el esquema de división de poderes de la municipalidad.

Tampoco es válido afirmar que esta limitación temporal que introduce el decreto sea útil para tener un control sobre el cumplimiento de las normas por parte de los habilitados. Para esto bastaría con organizar adecuadamente la inspección. No olvidemos que la inspección de higiene y seguridad industrial y comercial sí está a cargo del ejecutivo, y que para financiarla justamente se cobra la llamada tasa de Comercio.

Por el contrario, una obligatoria rehabilitación cada uno, dos o tres años,  como la que establece el decreto resultaría demasiado costosa para la comunidad. En la ciudad hay aproximadamente 4000 comercios habilitados. Por cada 2000 pesos que le cueste a un comerciante su rehabilitación tendremos un sacrificio comunitario de 8 millones de pesos cada dos años, sin que ello signifique ningún beneficio para la comunidad. Cabe preguntarse a dónde irá a parar tamaña suma de dinero. Podríamos estar creando una nueva industria, la de las habilitaciones. Imagino eso lejos de los deseos de todos nosotros, muy especialmente del gobierno.

Además para la municipalidad esto tendría un costo extra, que sería el de generar una estructura que pueda procesar el aluvión de miles de trámites de rehabilitaciones cada año. Hoy día las habilitaciones demoran meses. Los inspectores no cuentan con recursos suficientes para realizar su tarea. Es imposible imaginar que semejante cantidad de trámites burocráticos creados innecesariamente por este decreto puedan realizarse en un tiempo razonable. Más bien pareciera que la finalización del trámite de habilitación fuera a terminar dos años después, justo cuando debiera comenzarse a solicitar una nueva habilitación. Caeríamos en ese caso en un estado de trámite de habilitación permanente.

Por ello hacemos votos para que esta norma sea revisada y dejada sin efecto. Así podremos trabajar con la participación de todos los sectores involucrados en un adecuado sistema de habilitaciones y controles, para mejorar la calidad de vida del ámbito de nuestra querida Gualeguaychú.

*Por Dario Carrazza

*Pte. UCR ciudad de Gualeguaychu