"Los organismos de control no deben estar a cargo de la oposición sino de técnicos" dijo Federico Tomás

Federico Tomás, Presidente interino del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, dijo en RADIO MAXIMA que aspira “lograr que el organismo de control público externo de la provincia sea respetado por los diferentes sectores”.

Tomás que tiene una antigüedad de 28 años como funcionario del organismo y que lo preside interinamente desde el 16 de agosto del año pasado, expresó que “con la modificación de la Constitución provincial de 2008, se previó en el artículo 213 que quienes ocuparan la presidencia, las vocalías y las fiscalías del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, accedieran a sus cargos por concurso público. Esto fue reglamentado a mediados de 2016 mediante la ley 10.436 y de esta forma se puso en marcha el proceso de selección para cubrir los puestos de las autoridades del Tribunal, instancia en la que estamos actualmente”.

Según manifestó Tomás, lo que se pretende es que el Tribunal de cuentas sea un organismo independiente, con autonomía para resolver las cuestiones que le competan. Considero que la oposición política debe cumplir con su rol y estoy convencido que no debe estar al frente de los organismos de control externo, como sucede en el caso de la Auditoría General de la Nación, por ejemplo. Los organismos de control tienen que estar a cargo de profesionales eminentemente técnicos sin vinculaciones ni con el oficialismo ni con la oposición política. Este fue el perfil que se le dio al Tribunal con la reforma constitucional de 2008”.

Tomás precisó que “la Constitución le da al Tribunal de cuentas la facultad de poder intervenir antes de una contratación significativa por parte del Estado. Es lo que denominamos control preventivo y actual antes de que el gasto se realice, para evitar que se concrete un eventual perjuicio por parte de los funcionarios que deciden o manejan fondos públicos. En este sentido fue que actuamos y establecimos fondos topes, interviniendo ya en más de 40 trámites administrativos. El primero fue la compra centralizada de medicamentos por parte del ministerio de Salud de la provincia por un valor de 1800 millones en tres años, a razón de 600 millones de pesos por año”.

El titular del Tribunal agregó que “el control siempre molesta pero es una facultad que tenemos por imperativo constitucional y aspiro a que este organismo de control externo público sea respetado por los diferentes sectores”.