Red de Alerta repudió un proyecto que intenta "regular la explotación sexual como trabajo"

“La explotación sexual y comercial no es trabajo es violencia hacia las mujeres. La universalización del discurso del ´trabajo sexual´ para hablar de prostitución es el éxito del patriarcado más neoliberal ¿Cómo atacamos la pobreza extrema y el deseo de mujeres y  niñas a empoderarse a través de la educación,  cuando se propicia que son trabajadoras sexuales con ´clientes´?”, se preguntaron desde Red de Alerta en un comunicado de prensa enviado a esta Agencia.

La comunicación fue efectuada “ante la presentación de un Proyecto de Ley en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos; por parte de la  legisladora Gabriela Lena, según su difusión en medios de comunicación”, aclararon desde la ONG. La iniciativa, pretende “regular la explotación sexual y comercial como trabajo”, desde la Red de Alerta de Entre Ríos, la Red Nacional Antifamia, el Foro Infancia Robada expresaron su “total desacuerdo y una profunda preocupación frente a su concepción de la explotación sexual y comercial”.

“Bajo el marco jurídico que se pretende; al Estado le correspondería censar, registrar, otorgar carnet identificatorios, controlar sus enfermedades de transmisión sexual a fin de evitar contagios a los clientes prostituyentes. Los reglamentaristas contemporáneos, conservadores o modernos liberales continuadores de la tradición pro-prostitución convalidan y legitiman el uso sexual cosificando el cuerpo de una mujer”, argumentaron desde Red de Alerta.

“Cuando un Estado reglamenta la prostitución, teniendo el mismo el rol de control de la actividad, no se limita a  poner normas, sino que está dando un mensaje para toda la sociedad: “…es legítimo el uso comercial del cuerpo de las mujeres, concediendo a los varones la autorización social para participar, sin responsabilidades ni escrúpulos, en la explotación de las mujeres ejerciendo asimetrías de poder mediante la mediación de dinero”, agregaron.

“Reglamentar la prostitución no protege a las mujeres, ya que serían maltratadas, pero con permiso, tratadas y traficadas pero legalmente y enfermadas ya que el certificado de salud no se le exige al cliente prostituyente”, indicaron desde la ONG.

Según Red de Alerta, “la mirada de la legisladora de Cambiemos sobre lo que significa la explotación sexual y comercial, avala la más fuerte unión entre el patriarcado y el capitalismo, que explota económicamente y que ejerce violencia de género hacia las mujeres; escondiendo bajo la prostitución la explotación de mujeres, NNyA, víctimas de un sistema prostibulario, y donde los proxenetas/fiolos serán los empresarios legitimando una industria mafiosa y violenta a compradores invisibles; violando los tratados internacionales de rango constitucional y la legislación argentina, respecto a su concepción de ´trabajo´ a la explotación sexual y comercial”.

“Algunos piensan que utilizar el término ´trabajo sexual´ le pone un poco de dignidad y respeto al tema. Siendo un manto para higienizar la industria y así no tener que pensar en las realidades materiales de hombres que explotan a mujeres y niñas”, sostuvieron.

“A quienes nos representan y realmente se preocupan por los derechos de nuestras mujeres y niñas, debemos recordarles que en la concepción (capitalista) del trabajo hay derechos laborales, pero también deberes. Si las mujeres son trabajadoras sexuales, ¿puede uno de esos hombres reclamar que no le hicieron algún acto sexual como ellos querían o que no se sienten conforme con cualquier otro de los actos sexuales por los que pagaron?, ¿Y pueden entonces demandar o que le devuelvan su dinero o que lo hagan otra vez? Preguntas que demuestran la trampa absurda en la que caen todos quienes asumen el discurso sin pensarlo bien”, señalaron desde la organización civil.

“Debemos recordarles a quienes legislan que el Estado Argentino es abolicionista, sin eufemismos; así lo ha dispuesto a través de la firma de diversos tratados internacionales de rango constitucional”, enfatizaron.

“Desde 1936 con ley 12.331, la firma de Convenios Internacionales de lucha contra la trata de personas y toda forma de explotación de 1949, el Protocolo de Palermo, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer BELEM DO PARA, la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres (CEDAW) siendo está muy clara en cuanto a que obliga expresamente en su Art.Nº 6, a los estados a suprimir la trata de mujeres y la explotación sexual y comercial.  La  CEDAW analiza la doble combinación perversa, la situación de pobreza y la cuestión de género: la condición de ser mujer, ya que el 100% de los casos de explotación sexual y comercial, son Mujeres. La prostitución no es una selección de vida frente a esta doble combinación, sino que es el ardid de grandes negocios de diferentes sectores”, recuerdan desde la Red de Alerta.

“Esto determina la incoherencia, de quienes nos representan de sostener un discurso con el decir o el hacer y de las responsabilidades que directa o indirectamente no asumen; pretendiendo sostener un sistema prostibulario patriarcal, que avala la violencia hacia las mujeres, dando un mensaje a la sociedad que el uso comercial del cuerpo de una mujer - mercancía, es legítimo”, indicaron.

“El discurso del ´trabajo sexual´ no admite ni víctimas ni vulnerabilidades ni opresiones estructurales. Toda mujer, toda niña se convierte en un ser que encuentra poder ´para decidir´ acceder, ´curiosamente´, a todo lo que el patriarcado de por sí quiere”, añadieron. ”La fundamentación de este proyecto  nos retrotrae a manifestaciones que evidencian que no entienden cómo funciona la violencia. Siendo en la misma línea de aquel otro que asume, que a menos que le estén poniendo una pistola en la nuca y lo estén amenazando con tirar del gatillo en ese preciso momento, entonces nada es obligado y todo lo haces por propia voluntad. Una línea que ignora completamente que el abuso y la opresión es muchísimo más multifacética y más insidiosa que eso. Una línea de pensamiento que nunca se ha enterado que la violencia psicológica es invisible, la manipulación emocional también y que la pobreza es tanto material como estructural y conlleva un poder de coerción latente”, ampliaron.

“La supuesta fuerza y las cualidades supra humanas que se le asignan a la persona invulnerable son en el fondo una excusa para no tener que analizar las condiciones que la hacen necesitar dicha fuerza o soportar tantas miserias. Es una táctica deshumanizadora”, explicaron.

“Preguntamos a la Diputada Lena, si la prostitución,  fuera trabajo, como ella pretende legitimarla, se la recomendaría como opción de vida a una hija, una madre, una sobrina,  una amiga?”, indagaron.

“Mientras,  a nivel nacional se continúa avanzando en políticas públicas en el marco del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de personas, en nuestra provincia por decisión política del gobierno se avanza en el marco del Consejo contra la trata de personas, la COPREV en abolir toda forma de violencias y explotación hacia las mujeres y niñas;  como también la sanción de normativa en este sentido en diferentes  provincias del país;   algunos representantes del pueblo de Entre Ríos pretenden violar la normativa vigente y los consensos nacionales y provinciales”, remarcaron.

“¿Por qué tanta insistencia en que lo cubramos todo bajo el manto del “trabajo sexual”? ¿Por qué tanta insistencia en llamar “trabajadoras sexuales” a mujeres y  niñas que viven en la mayor de las precariedades y violencia de género? ¿Por qué negarnos a decir las palabras: explotación sexual, víctimas, sobrevivientes, violación?”, indicaron.

“Es el  Estado quién debe interpretar con una visión no patriarcal, que las mujeres son explotadas y  violentadas;  es el Estado  quien debe ser capaz  de ver la realidad, siendo quienes deben brindar políticas publicas integrales  que garanticen derechos sociales humanos fundamentales vivienda, salud, educación, trabajo digno; a las mujeres que son explotadas, discriminadas, perseguidas;  y no pretender  convertirse  a través del reglamentarismo  en el controlador sanitario del negocio de la explotación sexual y comercial”, manifestaron.

“El sistema de seguridad social está vigente, garantizando derechos sociales fundamentales; desde el propio gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner quien llevo adelante   una política de  inclusión social a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con diferentes programas, pensiones no contributivas e inclusión al sistema de salud a través del Programa Federal Incluir Salud. Es política pública vigente a través de sus efectores garantizar la prevención y el abordaje integral en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, métodos  preventivos, enfermedades de transmisión sexual, HIV”, expresaron.

“Nuestras entidades bregan y en esos términos continuaran, por la defensa de los derechos humanos vulnerados por un sistema; por la equidad y la inclusión social de las mujeres que se encuentran en situación de explotación sexual y comercial, como una de las formas más aberrantes de violencia de género”, declamaron.

“Los Estados deben ser capaces de restituir derechos a las víctimas y sobrevivientes, sin discriminación, ni persecución, y no continuar avalando ideas que priorizan los intereses tanto del mercado, el capitalismo como del mismo patriarcado”, finalizaron.

Firma el comunicado: Silvina Calveyra, presidenta de Red de Alerta Entre Ríos, Red

Red Nacional Antimafia y Foro Infancia Robada. (APFDigital)