Más complicado: la Justicia abrió otra causa contra Sergio Urribarri

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial


La Justicia de Entre Ríos abrió una nueva investigación contra el ex gobernador Sergio Urribarri. Quiere saber si cometió el delito de incompatibilidades en el ejercicio de la función pública. Es un delito menor en referencia a los otros por los cuales está siendo investigado, pero es un eslabón más en la pesquisa que se está llevando adelante y en la que se están recolectando pruebas para determinar si el actual presidente de la Cámara de Diputados se enriqueció ilícitamente, al igual que buena parte de su familia. 

El miércoles pasado el Ministerio Público Fiscal solicitó información en Casa de Gobierno sobre las contrataciones directas que hizo Urribarri mientras estuvo al frente del Poder Ejecutivo. En el requerimiento se encontró documentación interesante: en varios casos el Gobierno contrató a la imprenta Cinco Tipos –actualmente bajo la denominación Formato Urbano–. Es la misma que se le atribuye a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, quien se desempeñó en la gestión primero en la Cámara de Senadores y luego en la Casa de Entre Ríos, con sede en Buenos Aires.

La firma es la misma, sólo cambió de nombre comercial y de local. La primera supo funcionar en calle Cura Alvarez y la segunda en Racedo 415. En los papeles figura como TEP SRL.

Esta nueva investigación surge como una ramificación de la causa madre, en la que los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet denunciaron a la familia Urribarri por enriquecimiento ilícito. De hecho, bajo esa carátula llegaron requerimientos a distintos municipios con una sola inquietud: saber si habían hecho contrataciones con las empresas mencionadas, según pudo saber Página Judicial. Dos funcionarios municipales reconocieron que las impresiones que hacía la Provincia debían ser realizadas en esa empresa. Lo mismo repiten trabajadores de otros organismos estatales. Un ejemplo concreto lo dio un trabajador raso: la Dirección Provincial de Vialidad redujo estrepitosamente sus tareas porque muchos de los trabajos que hacía pasó a realizarlos la firma del cuñado de Urribarri. La anécdota se puede multiplicar en otras oficinas públicas.

Para dar una cifra y saber de qué se está hablando, la firma facturó a lo largo de 2014 una suma de 4.788.623,36 pesos al Estado provincial por la tarea de instalación de cartelería en la vía pública. Entre los impresos más vistosos e importantes en cuanto a dimensiones y precio, obviamente, están los que se solían lucir en el frente del edificio del Concejo General de Educación. Allí se colocaron imágenes en homenaje a los combatientes en las Islas Malvinas y también a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras.

Muchas de estas contrataciones fueron realizadas por contratación directa, sin licitación, cuando en rigor ese proceso está habilitado para casos especiales, de excepción, como puede ser una compra de frazadas o chapas ante una catástrofe climática. ¿Cuál pudo haber sido la excepcionalidad para contratar sin cotejo de precios la impresión de cartelería para una predecible fecha patria? Esta, y otras inquietudes, deberán responder también el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez; y el subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, Hugo Félix Céspedes. Ambos están implicados en la investigación que lleva adelante el fiscal Santiago Brugo.

Acumulación

Urribarri, Aguilera y el actual ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, como otros integrantes de la familia, están siendo investigados por el delito de enriquecimiento ilícito.

El ex gobernador acumuló en el último mes dos investigaciones reveladas por Página Judicial. La primera fue por supuestas irregularidades en contrataciones durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014 y que contó con la presencia de buena parte de los presidentes del continente.

El fiscal Brugo requirió información sobre la rendición final de los gastos de ese evento de carácter internacional.

Para que se pudiera llevar adelante en Paraná la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur fueron necesarias 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión de 40,5 millones de pesos. La firma que realizó la mayoría de esas obras fue Caballi SA, que ejecutó 12 trabajos por los que el Estado entrerriano acordó pagar 11.722.585 pesos. Se hizo por contratación directa.

Eso se convalidó a través de una serie de resoluciones emitidas por la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), un ente creado por el Poder Ejecutivo tras la sanción de la Ley Número 10.327, que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios de manera directa. Ese ente, creado para controlar la asignación de las obras, estuvo integrado, entre otros, por Miguel Marizza, presidente de Caballi S.A y uno de los principales contratistas del Estado; y el coordinador era Céspedes.

Hace dos semanas se conoció que la frustrada candidatura presidencial se ha convertido en una preocupación para Urribarri. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría tiene a su cargo una investigación por la rendición de cuentas de lo que se conoció como “el sueño entrerriano”.

La investigación comenzó a partir de una denuncia promovida en noviembre de 2014 por el Partido Socialista por la existencia de “campañas anticipadas e ilegales”. La Cámara Nacional Electoral envió al fiscal federal Jorge Di Lello un relevamiento fotográfico realizado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral en Entre Ríos, a cargo de Leandro Ríos, sobre cartelería y todo tipo de propaganda en la vía pública. La imagen que más se repetía era la de Urribarri. Entonces, el fiscal le pidió a Servini de Cubría que iniciara una investigación para determinar “si la publicidad gráfica ubicada en el distrito Entre Ríos relacionada con pre-candidaturas a Presidente de la Nación en el marco de los comicios del año 2015, contraría lo dispuesto” en el Código Nacional Electoral.

En estas últimas dos causas aparecerán las firmas Cinco Tipos y Formato Urbano. La última investigación abierta por incompatibilidades tiene una relación directa con éstas dos últimas, pero, sin embargo, es una derivación del expediente que pretende probar el delito de enriquecimiento ilícito.